Rodrigo Pérez-Alonso

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Rodrigo Pérez-Alonso

11 Dic, 2019

El tratado del tratado

“Concedieron casi todos los puntos que pedimos (en la negociación)”

Richard E. Neal, presidente de la Comisión de Procedimientos Legislativos.

 

No obstante que el T-MEC, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ya había sido negociado y firmado por los tres líderes de la región en noviembre de 2018, ahora abrimos un nuevo capítulo en esta negociación.

La tinta con la que fue escrito ya estaba seca cuando, en últimos días, la mayoría demócrata en el Congreso de EUA pidió cambios sustantivos en materias como medio ambiente, laboral y propiedad intelectual.

Desde 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cubre un espacio geográfico donde viven cerca de 450 millones de personas y donde se mueve más de un billón de dólares al año. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, lo tachó como el “peor acuerdo de la historia”, por lo que las negociaciones comenzaron en agosto de 2017, bajo una amenaza de ruptura y confrontación, que se fueron adornando con los continuos ataques del mandatario estadunidense a nuestro país.

El proceso de negociación había sido largo y tendido cuando, en octubre de 2018, se alcanzó un acuerdo final y se distendió el ambiente imperante durante meses. El entonces presidente Peña firmó, junto con sus homólogos de EUA y Canadá, el tratado en una ceremonia casi como cierre de su administración. Se trataba de un logro tanto de la administración saliente como la entrante de López Obrador. 

De acuerdo con el comunicado oficial emitido en esas fechas, el T-MEC daría a los trabajadores de estos tres países, entre ellos agricultores, ganaderos y empresas, un llamado acuerdo comercial “de alto nivel”, que ayudará a tener entre las tres naciones, mercados más libres, comercio más justo y un crecimiento económico sólido.

Sin embargo, con la nueva mayoría demócrata en el Congreso de los EUA, el Tratado tendría la amenaza latente de sufrir modificaciones para orientarse a las bases ideológicas de ese partido (sindicatos y medio ambiente principalmente). Fue tal la presión al respecto, que los demócratas se anotaron un triunfo político al incorporar provisiones que habían sido distintas originalmente y que, al parecer, fueron impuestas al gobierno de López Obrador casi sin objeción.

En un comunicado del presidente de la Comisión de Procedimiento Legislativo (Ways & Means), el lenguaje es triunfalista y con la idea implícita de que el gobierno de López Obrador dobló las manos sin objeción alguna. Adicional a ello, el sector empresarial que participó en la negociación original fue excluido y los temas fueron pactados sin mayor negociación. En ese sentido, tanto el sector empresarial como el gobierno guardaron silencio sobre la imposición de último minuto.

Así, el comunicado menciona que los demócratas “lograron” que el gobierno de México sea vigilado en cuanto al cumplimiento de las disposiciones normativas en materia laboral, medio ambiente y propiedad intelectual.

Si bien parece que ganó el pragmatismo en aceptar los cambios de último minuto, la realidad es que la balanza de la negociación no era pareja, de tal forma que el pastel se repartiera parejo para todos. En ese sentido, México perdió.

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