Prácticas y monopolios

La regulación de la economía mexicana ha pasado por varias etapas, en concordancia con los periodos históricos y políticos del país. Hasta 1983, el Estado mexicano era dueño de los medios de producción, daba y quitaba concesiones monopólicas de acuerdo a sus caprichos políticos; las rentas monopólicas eran para pocos y no existían reglas claras para evitar estas prácticas. Fue en 1993 cuando, a raíz de la firma del TLC, una de las condiciones de la negociación fue la creación de la agencia antimonopolios.

La Comisión Federal de Competencia surgió como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Economía). Sin embargo, fue a partir de las reformas de 2011 y 2013 a la Constitución y la Ley Federal de Competencia Económica que las acciones antimonopolios se han fortalecido al dotarle más dientes, autonomía y certeza legal en sus resoluciones a la ahora Cofece. Entre las industrias que han enfrentado a la más fortalecida Cofece están las de transporte aéreo, gas LP, farmacéutica, acero, bancaria, afores y otras.

Es justamente en ese marco que, a inicios de esta semana y una vez concluida una investigación que duró aproximadamente dos años, la Cofece emplazó a siete bancos con operaciones en México por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda. En otras palabras, la Cofece concluyó en su investigación —que inició en 2017— que siete bancos se habrían coludido explícitamente para manipular los precios en la compra de documentos emitidos y garantizados por el gobierno mexicano a través del Banxico.

¿Qué sigue para los bancos? A partir de este emplazamiento, dará inicio un procedimiento, en forma de juicio, en el que las instituciones financieras podrán presentar las pruebas necesarias para defenderse. Durante el juicio deberán dar a conocer, abierta y transparentemente, su operación del día a día al órgano que preside Alejandra Palacios. Una vez que finalice el emplazamiento y que cada institución haya presentado las pruebas correspondientes, en caso de que se comprobara la colusión, la Cofece decidirá si estas instituciones serán sancionadas con una multa, que es fijada en función de la gravedad de la práctica, el mercado relevante en el que se cometió el delito y la intencionalidad de los involucrados; hasta el 10% de sus ingresos anuales.

Al ver esta situación, es imposible no recordar lo que sucedió en 2017, cuando también la Cofece multó por más de mil 100 mdp a un grupo de afores, también por acusaciones relacionadas con prácticas monopólicas absolutas en el mercado de traspasos de cuentas de los trabajadores.

Lo cierto es que pareciera que en México existe un sistema que se niega a morir: el de antes del surgimiento de las reglas antimonopólicas y la apertura de los mercados, donde papá gobierno escuchaba, castigaba o premiaba a algunos agentes económicos, el estatismo. Algunos agentes económicos ganaron amplia participación de mercado en ese sistema, pero continuaron con las mismas prácticas, incompatibles con las nuevas reglas. La más nociva de ellas es justamente la colusión de los agentes para ganar mercado o rentas.