Ahorro popular: un trabuco político

Aunque la Secretaría de Hacienda de Ernesto Cordero y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Guillermo Babatz, han impulsado desde hace más de 15 años la regularización del sistema de ahorro popular, su alcance en materia de supervisión en todas la formas del fraude sobre las personas que son engañadas a través de seudo cajas o sociedades anónimas que se disfrazan de inmobiliarias para hacerse de dinero ajeno (captación irregular), es limitado.

En parte, el tiempo (hasta 2012) que dio la Ley para Regular las Actividades de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y en el que participó de forma por demás activa el senador panista Jorge Ocejo Moreno, no le permite a la CNBV actuar sobre las entidades que se resisten a regularse y en las cajas ficción que realizan captación irregular pura y dura.

Muchas de esas “cajas” son como hongos que se expanden de un día para otro, pero desaparecen o se cambian de ubicación de igual forma, las más de las veces quedándose con el dinero ahorrado por la población que no tiene acceso al sistema financiero formal, o porque son delincuentes que se apoyan en influencias políticas locales al grado de que toda persecución legal se diluye porque al ser asuntos de carácter local y no federal, las autoridades locales las manipulan o simplemente las anulan.

Fíjese un dato. Se presume que hay más de 500 cajas, y de esas sólo 96 están reguladas, 58 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y 38 sociedades financieras populares, conjunto que ha realizado un esfuerzo de regularización financiera y se está agrupando en torno a la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, que preside Rafael Martínez. Este agrupa a 13 federaciones.

Y mire que el lograr un equilibrio en el sector fue clave para que una cuarta parte de las cajas aceptara la regulación, porque la disputa que en algún momento tuvieron Rafael Martínez y Ramón Imperial de Caja Popular Mexicana, se resolvió en el momento en que éste último se quedó al frente del comité de supervisión auxiliar de la Confederación, que es el organismo auxiliar de supervisión y protección al ahorro.

Aunque a la CNBV llegan con frecuencia denuncias de fraude, a todo este esfuerzo le ha faltado una verdadera contribución de gobernadores, munícipes y por qué no decirlo, los integrantes de la Confederación, ha tardado en publicar el registro de cooperativas que realicen captación y crédito (autorizadas, en prórroga conforme a la LACP o sin prórroga), con lo cual arranca todo el proceso para que se ordene la suspensión de operaciones a cajas que no se hayan transformado en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y que tengan activos mayores a 2.5 millones de pesos.

Y mire que no se trata de un “mercadito”, pues en conjunto, entre sofipos y scap hay 5.4 millones de ahorradores que en general juegan su patrimonio. Captan y dan Crédito y sus activos totales suman más de 65 mil 500 millones de pesos, y eso sólo las que hasta ahora han están registradas. Hay que reconocer que hay muchísimas pequeñitas, al grado de que para facilitarles el tránsito, se analiza el reformar la LRASCAP para que pueda incorporarse una nueva figura denominada sociedad financiera comunitaria (sofica), que podría facilitar su registro y regularización.

Insisto, lo difícil de avanzar en la regularización y supervisión del sector es que el trabajo se mueve lento, porque LRASCAP nunca le puso tiempos claros a algunas partes del proceso de regularización que se amplió hasta 2012.

Sin embargo, hay una fecha decisiva: el 1 de enero de 2011 es establecido por la Ley como el momento en el que la CNBV puede imponer restricciones para cooperativas que no hayan presentado solicitud de autorización (no podrán recibir depósitos de ahorro ni otorgar préstamos según su tamaño de activos, tampoco recibir remesas o créditos de entidades financieras, organismos internacionales y fideicomisos públicos; no podrán distribuir y pagar productos ni servicios de gobiernos locales o dependencias federales, no podrán abrir nuevas sucursales, ni podrán aumentar activos crediticios por más de 20% anual).

Sin embargo, si el Comité de Supervisión Auxiliar CSA no publica en el DOF y en internet el listado de entidades en enero (se supone que tiene la obligación de hacerlo en enero y julio de cada año), esto podría convertirse en cacería, pues hay incluso, algunos ejemplos de “cajas” que las crean algunos ayuntamientos para realizar a través de ellas toda clase de pagos de gobierno y, usted puede imaginar la suerte de fondeo que realizan de actividades distintas a las autorizadas por su encargo.

Insisto, el problema no es el marco legal, sino la velocidad con la que se mueve su instrumentación, por lo que de que la Confederación publique el registro depende que se realice una acción fuerte de supervisión sobre cajas que hoy se presume que pudieran estar quebradas o que entregan información parcial.