DGAC autorizó tarifas por arriba de la inflación

En el tema de la aprobación de los Planes Maestros de Desarrollo 2011-2025 que determinan las tarifas aéreas de los aeropuertos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que lleva Víctor Bravo, para el periodo 2011-2015, nos cuentan que sufrieron un aumento de ¡8% en promedio!, por arriba de 6.5% en promedio (entre 1.5 y 2% real) que se había autorizado a GAP y Asur.

De acuerdo con lo publicado el último de diciembre, considerando las estimaciones de tráfico para 2011, la tarifa máxima que podrá cobrar el aeropuerto de Monterrey es 8.6% por arriba de la tarifa de 2010, mientras que en el aeropuerto de Culiacán es de casi de 10%, seguida de Mazatlán y Chihuahua con 4.4 y 2.8%. Y sí las líneas aéreas verán incrementados sus costos, al final se la impactarán ¿a quién?...  ¡le atinó! El aumento autorizado tendrá un impacto sobre la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) que pagan los pasajeros al aeropuerto y que recolectan las aerolíneas en el precio de los boletos, y otra pequeña parte en las tarifas específicas de servicios aeroportuarios que pagan directamente las empresas aéreas. No en balde Viva Aerobús, Volaris, Aeroméxico e Interjet están colgadas de la lámpara, y es uno de los pendientitos que le acumulan para ahora que vean al titular de SCT, Dionisio Pérez-Jácome.

No hay que perder de vista que el monto de las tarifas máximas está compuesto de las estimaciones de tráfico, las inversiones que realiza el aeropuerto y los costos y gastos en que incurre para realizar las actividades aeroportuarias.

Fíjese, de acuerdo con los análisis de tarifas e información financiera que se entregó a la industria, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) que lleva Juan Rodríguez Castañeda, estimaba aumentos inferiores a los autorizados por la DGAC de Héctor González Weeks, por dos razones fundamentales: menos inversiones para evitar que se construya capacidad aeroportuaria ociosa y la eliminación de costos y gastos asociados a la actividad comercial, por la cual los aeropuertos reciben ingresos adicionales.

En medio de estos argumentos estaban las inversiones asociadas a la segunda pista de Monterrey misma que hasta donde sabemos se eliminó de la tarifa, así como los mil 481 millones de pesos para la compra del terreno para la construcción de la pista. Este último tema fue materia de controversia, ya que originalmente reservas territoriales adicionales para los grupos aeroportuarios concesionados debiera de ser adquirida por el gobierno federal para su posterior entrega al concesionario OMA (como se hizo en el Puerto de Lázaro Cárdenas) al margen de representar una extensión de la concesión originalmente otorgada al privado y por la cual podría estar obligada a pagar una contraprestación. Sin embargo, en el caso de OMA ocurrió al revés.

Primero el terreno fue pagado por el concesionario (y todavía le falta) y eso le incrementó el pasivo convertido en inversión que justificó una parte del aumento de tarifas a las líneas aéreas, pues la SCT en el ejercicio de Juan Molinar, no presupuestó este gasto pese a estar previsto en la regulación aeroportuaria. Ante la indefinición de la autoridad para resarcir el pago, la opción más fácil fue presentarlo como una inversión sumara al cálculo de la tarifa máxima en este aeropuerto. Al final del día no será ni la SCT ni OMA los que  paguen por un bien que será de la federación y explotado por el aeropuerto, sino que serán los pasajeros quienes paguen directamente por ello, como seguimos haciéndolo por la lamentable actuación en el caso de Mexicana, donde ni presentan inversionistas  ni ponen dinero sobre la mesa ni llegan a acuerdos con acreedores.

Lo que sigue sin conocerse es la información relacionada con los costos y gastos que desde el inicio del proceso no fue presentada por OMA a los usuarios (las aerolíneas), como tampoco transparentada por parte de la autoridad. La parte asociada a gastos de administración de las actividades comerciales – como el Hotel de la T2- no debiera haberse sumado para definir las nuevas tarifas. En fin. Que le están echando la lupa y no dude de un  jaloneo.

DE FONDO  A FONDO

En otro tema, el martes entró en vigor en la Bolsa Mexicana de Valores que encabeza Luis Téllez, el nuevo reglamento de suspensión de operaciones para emisoras cuya cotización en un momento dado acumule una caída o alza de hasta el 15% tratándose de acciones, certificados de participación ordinarios sobre acciones, o títulos representativos de dos o más acciones de una o más series accionarias de una misma Emisora, así como las Fibras y los valores que se negocian en la Sección “SIC Capitales” y, para los no SIC, la variación máxima de fluctuación será de 10%. Cuando algo así suceda, el relanzamiento del título se realizaría por subasta. ¿Qué para qué sirve la reglita? Para evitar un flash crash gamble como el que vivió Procter & Gamble que en una sesión perdió 37% y arrastró a todos los blue chips, sin que nadie pudiera entender qué pasaba, pues dado que hoy las posturas que vienen de México y fuera de México (solo un 30 por ciento se llegan a ejecutar) no las ponen personas sino máquinas a través de algoritmos, lo importante es tener un mecanismo que permita interrumpir operaciones cuando alcanzan un límite hacia el alza o la baja, y evita con ello un derrumbe como el ocurrido en NY.