La necesidad de un sistema nacional de fiscalización gubernamental

En el marco de la reforma al Artículo  73 Constitucional (7 de mayo de 2008) en materia de contabilidad gubernamental, y con la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (31 diciembre 2008), aplicable a los tres órdenes de gobierno,  institucionalmente se ha hecho un enorme esfuerzo por avanzar en mejores estándares contables, presupuestales y en la generación de información financiera.

Ante este reto, los servidores públicos deberán mantener su desempeño con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En este orden de ideas, la actividad que desarrollan los órganos superiores de fiscalización y los órganos internos de control de la federación, los estados y municipios (entidades fiscalizadoras), representan la forma más directa de promover la máxima transparencia y rendición de cuentas.

Dicha actividad comprende, entre otras actividades; la revisión de ingresos, egresos, subsidios, transferencias, donativos, gastos fiscales, deuda, manejo y aplicación de recursos (federales, estatales y/o municipales), análisis de información financiera, contable, presupuestal, programática y patrimonial.

En consecuencia las entidades fiscalizadoras enfrentan el enorme desafío de escudriñar la madeja de documentos normativos que rigen a los servidores públicos.

Asimismo y para tal efecto, las entidades Fiscalizadoras ya sea del ámbito federal, estatal o municipal, de forma independiente diseñan y estructuran sus sistemas de revisión y fiscalización al amparo de su autonomía.

Esta situación lleva a que las propias entidades fiscalizadoras confeccionen sus normas para regir su labor  y que en el mejor de los casos queden plasmadas en leyes, reglamentos, normas, lineamientos o algún otro instrumento normativo.

Capitalizar, ordenar y darle forma a este gran cúmulo de documentos, seguramente permitirá potencializar el conocimiento, el mismo que beneficiará al propio universo de entidades fiscalizadoras y fiscalizados, al estandarizar y clarificar las normas de actuación, procesos e informes que rinden como resultado de su labor.

En este contexto, es importante precisar que se debe tener especial cuidado en respetar el origen y razones por las que cada entidad fiscalizadora fue creada.

Para tal efecto, es necesario que entre las diferentes entidades fiscalizadoras alcancen un gran acuerdo nacional que permita sumar todas las capacidades institucionales, definiendo los mejores mecanismos, impulsando las mejores prácticas de la materia (nacional e internacional), a través de un órgano colegiado no partidista, dando privilegio a la libre expresión de criterios, con el propósito de homologar normas (marcos éticos y técnicos) y con ello brindar mayor certeza jurídica.

El gran beneficiario de este nuevo esquema será sin duda la ciudadanía, la cual está ávida de una mayor confianza y que en este caso las entidades fiscalizadoras pueden brindar a través de la mejora en la transparencia y rendición de cuentas.

Este artículo refleja la opinión del autor
y no necesariamente la del colegio.
*Integrante de la Comisión de Contabilidad Gubernamental de
El Colegio de Contadores Públicos de México A.C.
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