El fraude en la empresa

El elemento incentivo o las bajas remuneraciones en la empresa, pueden ser factores que fomentan a realizar el fraude.

De acuerdo con la Real Academia Española, fraude proviene del latín fraus, fraudis y la define como: (1) una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete; (2) el acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros; (3) delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos.

El Boletín 3070 de las Normas de Auditoría, publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, define el fraude como “Distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en la información financiera o actos intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados financieros sujetos a examen.”

La Norma Internacional de Auditoría 240 define al fraude como “Un acto intencional por una o más personas de entre la administración, los encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros, que implique el uso del engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal”.

Haciendo referencia a las definiciones mencionadas, se puede concluir que el fraude implica un acto ilegal llevado a cabo por una persona o grupo de personas del que se saca ventaja de los bienes de un tercero o de alguna entidad, ya sea mediante el engaño o la sustracción de bienes.

En el proceso de la comisión de un fraude, los especialistas han identificado tres elementos fundamentales: el incentivo o presión, la oportunidad y la racionalización del fraude.

Un fraude se puede efectuar de dos diferentes maneras de acuerdo con su clasificación: la preparación de información financiera fraudulenta y la malversación de activos. Combinando los elementos con los tipos de fraude, podemos identificar las causas y los efectos de la comisión de un fraude.

Si hablamos de la forma más común de fraude como la malversación de activos, el elemento de incentivo puede ser determinado por la presión económica que puede llegar a sufrir una persona, derivado de un estilo de vida superior a las posibilidades que le otorgan sus ingresos; esto deriva en la acumulación de deudas que no puede pagar sumado a la exigencia del gasto que provoca su propio estilo de vida.

En el caso hipotético que mencionamos en el párrafo anterior, el segundo elemento corresponde a la oportunidad derivada de un conocimiento de las fallas que pudiera haber en el control interno de la entidad, y puede darse en la utilización indebida de recursos en donde trabaja para efectos de cubrir sus deudas, por ejemplo la disposición de efectivo que se le haya confiado para algún uso específico de la organización. Otro caso que pudiera ocurrir, es la venta de bienes comerciales cuya custodia se ha encomendado a nuestro individuo, por ejemplo, material de construcción.

En caso de existir este tipo de irregularidades, estaríamos en presencia de una malversación o fraude. Aquí iniciaría  el tercer elemento del fraude que hace referencia a la racionalización del hecho cometido. Dicho proceso consiste en la auto justificación de la acción cometida, tratando de darle un sentido de justicia individual, como en nuestro caso hipotético, puede ser que este individuo esté racionalizando que se trata de un complemento a su remuneración que de todas maneras es injustamente baja. También se da el caso en que la racionalización o auto justificación se da en el sentido del dicho popular de “Ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”, y nuestro individuo racionaliza que de todas maneras el patrón cobra demasiado a sus clientes.

La otra clasificación de fraude se refiere a la preparación de información financiera fraudulenta. Este tipo de fraude ha demostrado tener efectos mucho mayores, porque afecta a un número sustancialmente más importante de individuos o empresas, como los grandes fraudes cometidos por empresas en Estados Unidos y otros países Europeos a principios de los años 2000. En el caso del fraude financiero, también están presentes los tres elementos del fraude.

El incentivo o presión, que normalmente se da por una situación financiera deteriorada, derivada de probables condiciones económicas o del mercado en donde se desempeñan desfavorables o malas decisiones en el manejo del negocio, o tal vez por la presión de mantener un alto valor de mercado de las acciones para atraer o retener a los inversionistas.

La oportunidad normalmente se da cuando el control interno llamado también buenas prácticas de gobierno corporativo, no son buenas o tienen deficiencias importantes. En este caso, los encargados de la administración de la empresa pueden estar en posibilidad de manipular la información financiera de la empresa dirigida a mostrar la situación financiera o los resultados de operación que estén en línea con las expectativas de los lectores, aunque esta no sea la realidad.

Esto es posible mediante la búsqueda de interpretaciones diferentes o manipuladas de las reglas contables, con objeto de evitar mostrar los efectos negativos de situaciones económicas o eventos del negocio.

En muchos de estos casos, la racionalización se da cuando la administración o los encargados del gobierno corporativo interpretan que al manipular las cifras están protegiendo los intereses de los accionistas, acreedores o terceros interesados en la información financiera dirigida a la toma de decisiones de inversión.

Las empresas, sus socios, accionistas y encargados del gobierno corporativo deben tomar acciones para protegerlas del fraude con medidas preventivas y de detección temprana.

Los auditores tienen la obligación durante los procesos de contratación, planeación, ejecución y reporteo, de tomar en consideración a todos los indicadores de fraude en la empresa, y modificar sus procedimientos de auditoría para dar un seguimiento a dichos indicadores e informar de inmediato a los encargados del gobierno corporativo de las empresas.

Este artículo refleja la opinión del autor
y no necesariamente del colegio.
*Miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México
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