Tocará a EPN decidir si rescata banda 2.5 GHz o apoya nuevo carrier de carriers

Le decía ayer que uno de tantos expedientes que deja el gobierno de Felipe Calderón es el fallido rescate de la banda de 2.5 gigahertz.

Si uno guarda perspectiva entre el tono con el que Dionisio Pérez-Jácome anunció en pomposa conferencia de prensa que se había decidido proceder a su recuperación, y el cuidado con el que hoy todos en la SCT se refieren al tema como un asunto que quedará a la decisión de la próxima administración, es fácil ubicar un eslabón perdido. Vamos por partes.

En agosto de este año todo el gobierno federal festinó la decisión de rescatar la banda. Se dio a conocer una decisión tomada y el artífice del rescate, el subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, declaró repetidamente que en un par de meses estaría consumado el rescate.

Luego vino la lluvia de amparos de los concesionarios, destacadamente Grupo MVS, de Joaquín Vargas Guajardo, aunque acompañado de otros ocho concesionarios más pequeños, todos buscando protección en jueces de distrito.

Y ahora, ya casi cuatro meses después de aquellos anuncios espectaculares y de la guerra mediática que se desató entre Vargas y el gobierno federal que hoy concluye, resulta que a Felipe Calderón lo engañaron sus propios funcionarios, cuando le prometieron que podrían terminar el sexenio con el rescate. De nada sirvieron las bravatas de la vocera, Alejandra Sota.

Hay varias razones, según ha trascendido en los juzgados de distrito. Por una parte existe más de una suspensión dictada en juicios de amparo, que hoy por hoy le prohíbe al gobierno declarar el rescate.

Además, a Olavarría y al director general de Política de Telecomunicaciones, Andrés de la Cruz, se les hizo bolas el engrudo con su procedimiento administrativo, que ni siquiera pudieron concluir en su etapa probatoria.

Se han desahogado ciertas pruebas, pero hasta el día de ayer no habían concluido de rendirse dictámenes periciales y algunas testimoniales ofrecidas por concesionarios. Y en tercer lugar, tal vez lo más importante, el secretario Pérez-Jácome ya reconoció en documentos públicos que antes de proceder al rescate debe solicitarse la opinión de la Cofetel, a cargo de Mony de Swaan.

De tal manera que si bien en los frentes de litigio al gobierno calderonista no le fue mal, el rescate ya no podrá ser decretado por su administración. Flaco favor le habrían hecho al hasta hoy Presidente sus funcionarios, al prometerle un rescate, hacerlo pagar los costos políticos de anunciarlo y luego salir con la novedad de que no están listos y no les alcanzó el tiempo. Aunque en realidad ésta ha sido la constante.

En los litigios le puedo actualizar que MVS tiene en trámite un juicio de amparo en el que ya se le negó definitivamente la suspensión, pero que seguirá tramitándose y probablemente llegará a la Suprema Corte de Justicia. Además, existen cuando menos diez diversos juicios de amparo interpuestos por otros concesionarios.

En resumen, la decisión promovida por Pérez-Jácome y el subsecretario Olavarría generó altos costos políticos y hereda al próximo gobierno una maraña de litigios, después de seis años de indecisión en torno al uso y reordenamiento de la banda de 2.5, que en otras condiciones ya debería estarse explotando para desplegar redes de Long Term Evolution y prestar servicios de banda ancha móvil a altas velocidades.

Uno más de los temas en los que la ineptitud y la indecisión se acompañaron a final de cuentas con el hígado y las tripas, resultando en un grave daño al país. Y como ésas hubo muchas en otros ámbitos de la actividad industrial.

AMDEN aprieta

El mercado de crédito de nómina en el país superará este año los 110 mil millones de pesos y se espera que el rubro crezca más de 50% en los próximos tres años.

Se anticipa una competencia intensa entre las sofomes y los grandes bancos, mismos que sólo consultan el Buró de Crédito para conocer el nivel de endeudamiento de sus clientes.

Por ello, las seis principales firmas del sector, entre las que destacan ConSuPago, Credifiel, Crédito Maestro, CrediAmigo, Kondinero y Crédito Real, agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), de Gustavo Martín del Campo, se comprometieron a revisar tanto el Buró como el recibo de nómina de los empleados para conocer realmente su nivel de deuda.

Incluso, las empresas sólo prestarán hasta 30% del salario de los solicitantes, como política de autorregulación para garantizar la estabilidad económica de los empleados que adquieren este tipo de productos financieros, mismos que son regulados por la CNBV, de Guillermo Babatz; la Condusef, de Luis Pazos, y la Profeco, de Bernardo Altamirano.

Excellon pierde

Excellon de México, que preside Brendan Cahill, dejó de producir este año 396 mil 237 onzas de plata debido al paro de labores de 100 días realizado por sindicalistas y ejidatarios, mismos que son apoyados por Napoleón Gómez Urrutia y la ONG ProDESC, de Alejandra Ancheita. Otro de los problemas es que la compañía de origen canadiense firmó un contrato con el ejido La Sierrita, en Durango, para el arrendamiento de mil 100 hectáreas de terreno que serían exploradas para encontrar reservas minerales.

Sin embargo, Excellon también podría finiquitar el contrato por diversos incumplimientos de los ejidatarios. A pesar de este escenario y de la intromisión de Napito, quien por cierto recibió la negativa para limar asperezas con el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto, la compañía superará la producción de más de un millón de onzas de plata gracias a la dedicación de más de 500 trabajadores mexicanos.

Cepra crece

Cepra, de Joel Sánchez, es de las empresas que se aprestan a impulsar sus negocios de TI en el próximo sexenio, gracias a la buena reputación que ganó en dependencias como la SEP, de José Ángel Córdova Villalobos, CFE de Jaime González, Conagua de José Luis Luege, IMSS de Daniel Karam, Pemex de Juan José Suárez Coppel, SCT de Dionisio Pérez-Jácome, entre otras.

La firma de tecnología lleva más de 22 años en el mercado mexicano y entre sus principales logros destaca el cumplir en tiempo y forma con la partida que ganó de Enciclomedia, programa que lanzó el gobierno de Vicente Fox desde el año 2005, con una inversión superior a 20 mil millones de pesos.