Tormenta de rumores

Como si le hiciera falta al sector de las telecomunicaciones, durante las últimas semanas se han desatado cualquier cantidad de rumores y payasadas, que se anuncian como proyectos de iniciativa, que en nada contribuyen a superar los graves rezagos.

Lo que requiere este sector son la licitación de las cadenas de televisión en un esquema que garantice la verdadera competencia, la definición de bandas como la de 2.5 GHz y 700 MHz, un acceso mucho más económico a internet para la población, así como en definitiva terminar con la múltiple ventanilla que hay entre la SCT, Cofetel y múltiples instancias del gobierno.

Una de las ideas más exóticas, que se promueven como si realmente se tratara de un trabajo serio, es convertir a la Cofetel en un instituto de telecomunicaciones supuestamente ciudadano y quién sabe cuántas cosas más.

En el fondo se trata de parte de la venganza personal de Juan Molinar Horcasitas y Javier Corral en contra de los muchos molinos de viento que han acumulado dentro de sus trayectorias públicas.

Pretenden que en este cambio todos los comisionados sean removidos y se nombren otros propuestos por el Senado de la República y ratificados por el Presidente de la República.

La idea parece sacada de uno de los manuales de Hugo Chávez y sólo cambiaron el bolivariano por ciudadano. Atrás está el intento de vengarse de Felipe Calderón y los comisionados.

Curiosamente tres de los cuatro comisionados fueron nombrados por Vicente Fox y uno de ellos tomó posesión después de haber ganado su proceso ante la SCJN.

Este esquema recuerda mucho a lo que se hizo en 2006 cuando el Congreso removió a los comisionados para poner otros, de decir, sería volver casi por la misma ruta que se recorrió hace poco más de seis años.

Otros más han filtrado que Gerardo Ruiz Esparza e Ignacio Peralta están trabajando en una serie de iniciativas sin tener contacto ni con los regulados ni con los miembros de Cofetel porque no quieren “contaminarse”, cuando en realidad eso sería el error de creer que el futuro puede cambiarse sin conocer el presente.

El problema de Cofetel tiene que ver con su diseño institucional, ni siquiera con su presidente.

Si se está hablando de una reforma al sector de las telecomunicaciones, necesariamente tiene que pasar por una adecuada definición entre las áreas de competencia de todos los que participan en el sector. Si sólo hubiera doble ventanilla el problema no sería tan complicado.

Redacción

Hay quienes tratan de hacer creer que la oposición que tiene la iniciativa privada en contra de la redacción de dos apartados del artículo 129 del proyecto de ley de amparo tiene que ver con la protección de intereses o que tiene alguna clase de dedicatoria en particular.

Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Afecta a todos los sectores que tienen que ver con las concesiones que da el gobierno a particulares que van desde aviación, minería, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, servicios financieros y telecomunicaciones.

Las áreas que se verían afectadas negativamente tienen que ver con prácticamente 20% del PIB, además de que plantean una discusión sobre la igualdad de derechos de las personas ante la ley.

Hay simplones quienes creen que se ha abusado de la figura del amparo y que por lo tanto debe ser acotada. Sin embargo, la pregunta que deberían hacerse es si el país debe permitir que los derechos se disminuyan en aras de un supuesto “interés público”, cuando en el fondo se trata de un arma excesivamente poderosa del gobierno en contra de la población.

¿Cuántas veces se puede ejercer un derecho? Imagine que bajo este ridículo principio hubiera quienes opinaran que alguien ejerció en demasía su derecho a la educación o a la salud. Si le parece ridículo, pues es tanto como quienes afirman que se ha abusado de la figura del amparo por parte de algunos sectores de la población.

Es importante destacar que la redacción que se tiene implica una violación a la Constitución puesto que implica que hubiera un trato desigual a un sector, en este caso los que tienen una actividad concesionada.

Las negociaciones que se mantuvieron hasta ayer entre los representantes de la iniciativa privada con legisladores tiene que ver con la redacción de estos dos apartados de la ley.

Ningún miembro de la iniciativa privada está buscando que la redacción sea laxa, sino que no implique una violación a la Constitución ni tampoco sea una forma de control sobre los sectores de la economía que se encuentran sujetos a concesión.

Si hay que adelantar un pronóstico le diríamos que prevalecerá la sensatez entre los legisladores y la redacción será corregida. En caso de que no ocurra así comenzará un largo proceso en el que abundarán los recursos en contra de una ley que violaría la Constitución.

Base

La base de mantenimiento de lo que alguna vez fue Mexicana de Aviación sigue perdiendo actividad y contratos, puesto que la inseguridad jurídica en la que ha estado durante más de 30 meses ha alejado no sólo a clientes potenciales sino a los que ya tiene.

La juez que lleva el Concurso Mercantil, Edith Alarcón, sigue negando que esta empresa (la única del grupo Mexicana que siguió funcionando) pueda ser sacada de la masa de la quiebra, puesto que al final del día es el único activo que tiene un valor real.

Sin embargo, como hemos señalado en esta columna desde hace muchos meses. Lo menos malo que pudiera pasar es que se decretara la quiebra de la línea aérea y que se entrara en una fase en la cual se pudieran vender los activos en beneficio de los acreedores comenzando por los que todavía son empleados.

Mantener el ridículo de los dizque inversionistas o el proceso para que entren nuevos es ir en contra del mejor interés de los acreedores, puesto que cada vez es más evidente cuánto se están depreciando los activos.