Más de 7.4 bdp en fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto.- A través de por lo menos 360 fideicomisos y otras figuras clasificadas como mandatos, actos jurídicos y análogos sin estructura orgánica no paraestatales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial administran más de 7.4 billones de pesos, cantidad que equivale a casi dos veces el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por el Congreso de la Unión para 2013, que fue de 3.9 billones de pesos.

Del total, poco más de 3.6 billones de pesos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2.8 billones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal; 419 mil 300 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 920 millones 143 mil 878 pesos al Senado de la República; y 4 millones 720 mil 496 pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se trata de reservas de dinero constituidas a lo largo de varios años para financiar una gran cantidad de programas y proyectos específicos, en su mayoría pensiones, gastos médicos mayores, programas de infraestructura, fondos de estabilización presupuestaria y apoyos y subsidios, cuya transparencia y rendición de cuentas ha sido cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Lo anterior, debido a que los recursos de todos esos instrumentos financieros no fueron aprobados por la Cámara de Diputados, tampoco figuran en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni se informa de ellos a la Cuenta Pública, lo que ha dado lugar a un régimen de excepción constitucional, según el máximo órgano auditor de la Federación, el cual ha expresado en diversos documentos lo siguiente:

“Con la utilización de estas figuras ‘no paraestatales’, se ha presentado una situación de excepción en la aplicación de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determinan facultades específicas a la Cámara de Diputados en materia de gasto público, como lo son el 74, fracciones IV y VI, así como el 126, ya que a pesar de que se confiere a esa soberanía el autorizar el gasto público y la rendición de cuentas sobre el mismo, así como que todo el gasto que realice el Ejecutivo Federal debe estar considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y reflejarse en la Cuenta Pública. En la práctica, el gasto que se lleva a cabo a través de esas figuras y la rendición de cuentas del mismo no se sujeta a la aprobación de esa soberanía, ni forman parte del gasto público federal ejercido en un año.”

A decir de la ASF, una de las irregularidades que confirman la falta de transparencia y rendición de cuentas es que de los fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura orgánica no paraestatales sólo dan a conocer los grandes agregados de ingresos, egresos y movimiento de patrimonio en los informes trimestrales de Hacienda.