Economía y Estado de derecho

En la Consejería del martes 7 de enero pasado, en la que establecía los elementos con los que conformé mi escenario de actuación para este principio de año, mencioné que una de mis preocupaciones era —y son— las manifestaciones de violencia que surgen tanto del crimen organizado, como las de otros grupos, que no pueden ser conducidas y resueltas a través de los canales que las instituciones políticas ofrecen. Me quedé corto en esa apreciación. Los hechos que atestiguamos en los días recientes hablan de ello.

Cuando escribí de esto, debí abordar el punto como una preocupación mayor, ya que lo que está ocurriendo en particular, pero no exclusivamente en Michoacán, habla del deterioro de una de las condiciones políticas: el nivel de los conflictos extrainstitucionales. Su presencia habla de la rigidez del sistema político, que no los puede contener, por la razón que sea: las reglas son malas, los operadores son poco hábiles y todo mundo lo sabe y por tanto, nadie se preocupa por respetar lo establecido, etc.

La política, como actividad humana, supone de inicio la existencia de un conflicto, pero justamente la política es la forma civilizada de resolverlo. Los actores del conflicto aceptan negociar sus diferencias, no sin tensión, enfrentamientos y cierto grado de violencia, pero admitiendo las reglas que la sociedad ha establecido para ello, pues al final del camino, como suelo decir, las instituciones son la forma en que una sociedad hace las cosas que dan forma a su vida.

Las instituciones no son entidades, como se puede pensar con frecuencia: no son los partidos políticos o la presidencia de un país. No es el Congreso o el aparato de justicia. Entidades como las mencionadas y muchas otras, son simplemente la mecánica que se tienen que inventar y adoptar para que las instituciones tengan  operatividad.

Y resulta que el tema de las “policías comunitarias” y los grupos de autodefensa, como se les conoce, más allá de las causas que les hayan dado origen o los intereses por los que actúan (con frecuencia se oyen preguntas sobre el origen de su financiamiento o de su filiación, que desde mi punto de vista no son más que lugares comunes, para tener alguna suerte de explicación de la cual agarrarse), en estricto sentido están operando al margen de la ley, cosa que una sociedad que presume regirse por las normas del Estado de derecho que ha conformado, resulta un importante agravio al propio sistema aceptado.

Lo anterior sí que es preocupante, pues nos guste o no, todo funciona encima de la plataforma que es el sistema de justicia. Cuando se nace, el registro del nacimiento se hace en el aparato de justicia, lo mismo que los matrimonios o la fundación de una empresa. Las transacciones comerciales o la operación de un crédito —desde un corporativo multimillonario hasta el uso de la tarjeta de crédito personal—, las demandas por incumplimiento de un contrato y las acciones judiciales que de ello derivan, son actos que se formalizan en el aparato de justicia, que supone la existencia de un Estado de derecho.

Pero hay quienes de forma creciente operan al margen de la Ley. Los grupos que he mencionado llaman la atención por la violencia que les rodea, por la intervención tardía y hasta el momento poco eficaz de las autoridades y la dificultad de su definición, al menos desde la posición de la ciudadanía. Pero también todos los que operan en la economía informal, están al margen de la ley; y no son pocos.

Como escribí párrafos atrás, esto sí es preocupante en una escala mayor, pues señala que una parte de la sociedad puede operar al margen de la ley, sin consecuencias. Es decir, en total impunidad. Y esto es un riesgo incontrolable para quien piensa en invertir en una economía. De poco sirve presumir de estabilidad o de acciones de cambio, si existe evidencia de la impunidad en segmentos amplios de la sociedad.

Así, esto es señal de una deficiente operación de las reglas establecidas y por lo tanto de tratar con grados de incertidumbre mayores a los admisibles y que las reglas establecidas tienen excepciones para entes que no se pueden definir con claridad y por lo tanto con los que no se puede competir.

Los riesgos económicos, los de los negocios son aceptables porque son conocidos y evaluables hasta cierto punto. Los que surgen del incumplimiento de las reglas que suponen la existencia del Estado de derecho, son inaceptables. Suerte.