Reforma Financiera, ¡primer entregable listo!

En tiempo récord y dentro del tiempo que le estableció la Ley de Transparencia reformada, en 60 días hábiles se publicaron las Reglas Aplicables a Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas emitidas por el Banco de México, que gobierna Agustín Carstens, y las disposiciones aplicables a las Redes de Medios de Disposición, que elaboraron de forma conjunta el Banxico y CNBV, que preside Jaime González Aguadé.

Ambas disposiciones, una que regula switches y otra que facilita la incorporación de todos los emisores de medios de disposición bancarios y no bancarios, supone que impulsará de forma más activa el uso de los medios de pago electrónicos, porque el Banxico podrá establecer tarifas máximas permitidas a los dueños de las redes de pagos grandes.

Debo señalar que el proceso de redacción de estas disposiciones, involucró a todos los equipos del Banxico, de Hacienda y de la CNBV y, en todo momento, fueron consultadas y platicadas con los principales actores del las redes de pagos y cámaras de compensación, pues se trata de un ejercicio de tal naturaleza que por un lado transparenta costos y por otro, reduce comisiones y tarifas. Esa es una gran noticia. La reducción en algunos casos llega a 50 por ciento.

Por lo pronto y para que expliquen cómo operará el nuevo sistemas, hoy comparecen a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carstens y González Aguadé.

¿Sabe qué es lo más sorprendente de las reglas? Que les obligan a revelar los costos efectivos en que incurren sus dueños para dar el servicio, a realizar un autoejercicio de reducción de tarifas y comisiones y, que la autoridad tendrá en todo momento la facultad de establecer tarifas máximas aplicables.

Si a eso suma el que tendrán que calcular cuánto les cuesta el software, el hardware, la renta o administración de edificios, los sueldos que pagan al personal, la energía eléctrica, el costo de conexión a la red de telecomunicaciones, y desagregado por débito y crédito.

También les piden que incluyan el costo en que incurren por los sistemas de protección contra fraudes, de pago por servicios de compensación y liquidación, etc.

Más aún, Banxico y la CNBV por primera vez podrán establecer tarifas máximas de cobro por aceptación de tarjetas de débito y crédito, y para ello, están pidiendo que sean los participantes de la Red de Pagos con Tarjeta, los que autopropongan una reducción a sus tarifas actuales por giro de negocio y van desde beneficencias, gasolineras, misceláneas.

Además, introducen medidas para mejorar las condiciones de gobierno corporativo en las redes de pagos y entre las empresas o agregadores que participen para que no se filtren indeseables y, por último, a garantizar la custodia y seguridad de la información que manejan, las reglas para compensar y liquidar pagos y, el sistema de información a la autoridad de eventos en los que el hackeo de información o la penetración de la red de pagos por la delincuencia organizada se produzca, y no como ha ocurrido en algunas ocasiones, que se enteran cuando la red se penetró.

Se supone que las reglas entrarán en vigor en 15 días hábiles, o sea, que justo aterrizarán directo para la Convención Bancaria, que se efectuará en la primera semana de abril, en Acapulco.

La mayor parte de la circular, sobre todo, la que se obliga a dar acceso a todos los participantes no bancarios o a bancos chicos emisores y, a reducir las comisiones, entrará en vigor en 90 días; otra parte entra en vigor en seis meses, y el máximo plazo para que esté en pleno cumplimiento de las disposiciones es de año y medio.

De Fondos a Fondo

La Comisión de Economía que preside el diputado Mario Sánchez, podría tener listo el dictamen de la Ley Federal de Competencia Económica este fin de semana para que se vote en su seno y se pueda subir al pleno la semana que
entra.

El foco que el Consejo Coordinador Empresarial, que preside, Gerardo Gutiérrez Candiani, y todos los integrantes del mismo, se han acercado con todas las comisiones legislativas, como la de Competitividad, que preside el petista Adolfo Orive Bellinger, para sugerir a la de Economía que se incorporen ocho “sugerencias” que eliminen la discresionalidad e inseguridad jurídica que advierten los representantes privados, incluye la propuesta del presidente Enrique Peña.

Por lo que sabemos, el tema crítico no sólo está en acotar definiciones de insumos esenciales, sino al discrecionalidad presente entre el proceso de investigación, la ponencia al pleno y la resolución del pleno, pues aunque se separa en la iniciativa cada una de las partes, no advierten clara posibilidad de defensa o debido proceso.

Hay otras preocupaciones como por ejemplo, en Coparmex de Juan Pablo Castañón, o en Canacintra de Rodrigo Alpízar, que consideran relevantes, como el que no debe permitirse una última fracción en donde se habilita a la autoridad para que defina más supuestos en disposiciones regulatorias relacionadas con insumos esenciales (art. 60 fracción IV); poder sustancial (art. 59 fracción VI); mercado relevante (art. 58 fracción V); venta por debajo de costo (art. 56 fracción VII) y medidas cautelares (art. 127 fracción IV).

Comentan que la presidenta comisionada de la Cofece está ocupando su apretada agenda a reunirse con legisladores para conversar sobre la propuesta ejecutiva o los cambios que podrían mejorar a la iniciativa, pero un tema que ocupa a todos es que las investigaciones solicitadas por el Ejecutivo y contenidas en la propuesta en el artículo 68, tengan trato similar (requisitos) como las de cualquier otro solicitante,  pues advierten que ello puede derivar en un mecanismo de control político de algunos agentes económicos.