:quality(75)/media/dinero/images/2014/07/pemexg160714.jpg)
CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos trece años, Petróleos Mexicanos entregó más de 7.2 billones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de impuestos, derechos y aprovechamientos. Esta situación ha producido a la empresa un serio impacto financiero.
Tan sólo en 2013, la petrolera nacional entregó a Hacienda 864 mil millones de pesos por los mismos conceptos, lo cual ha sido destinado en su mayoría al gasto corriente del gobierno federal.
Es por ello que la aprobación de la Reforma Energética estableció que los ingresos que el Estado obtenga por las actividades de exploración y explotación petrolera deberán servir para fortalecer las finanzas nacionales. Sin embargo, ésta pone como condición que se debe contar con una visión de largo plazo.
Por tanto, la reforma crea la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que a su vez establece el organismo con el mismo nombre, con el fin de que administre los recursos petroleros. Este fondo recibirá y administrará los recursos recaudados por el pago que realicen, no sólo Pemex, sino también las distintas empresas privadas que inviertan en México, por los contratos y asignaciones para el desarrollo de exploración y explotación de los hidrocarburos.
La función del Fondo
La mencionada norma, que aún está pendiente de ser debatida y votada en el Congreso de la Unión, menciona que dicho Fondo estará bajo la responsabilidad del Banco de México, mediante un contrato de duración indefinida a irrevocable, con el objetivo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los ingresos petroleros del país.
Es así que estos recursos se destinarán a cubrir parte del gasto público, pero también al ahorro de largo plazo y a financiar inversiones que tendrán como objetivo principal el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el Fondo servirá para canalizar recursos para pensiones universales, investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, infraestructura y ahorro de largo plazo.
De esta forma este modelo se regirá bajo tres vertientes; la primera tiene que ver con recibir los ingresos por la exploración y extracción de petróleo, así como realizar pagos asociados a los costos de explotación.
La segunda vertiente tiene que ver con transferir esos recursos hasta por 4.7 por ciento del PIB al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo cual ya incluye las transferencias a los fondos de estabilización, sectoriales y a la Auditoría Superior de la Federación para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera.
Y la tercera vertiente faculta al Fondo para administrar “el ahorro nacional” en un largo plazo, por lo que el excedente de los ingresos se invertirá en activos financieros con el objetivo de maximizar el retorno en favor del país.
División del ahorro nacional
En esta última vertiente del ahorro nacional, una vez que la cuenta alcance un valor de hasta 3 por ciento del PIB, el Congreso de la Unión podrá autorizar que al menos un 60 por ciento de los excedentes se destine al financiamiento de diversos proyectos. Estos se dividirán de la siguiente manera: 10 por ciento para el Sistema de Pensión Universal; 10 por ciento para proyectos de ciencia y tecnología; 10 por ciento para becas y desarrollo regional; y el 30 por ciento restante será para inversiones en proyectos petroleros y desarrollo de infraestructura.
De esta forma, el 40 por ciento restante deberá permanecer como parte de las reservas y patrimonio del Fondo. Ahora bien, cabe aclarar que el proyecto de ley establece que si el ahorro supera el 10 por ciento del PIB, los rendimientos serán transferidos para su integración al presupuesto federal.
Transparencia, la clave
Para especialistas del sector, la creación del Fondo es uno de los puntos más positivos de la Reforma Energética y que podría ser tangible para el grueso de la población, principalmente por la realización de obras de infraestructura y el esquema de pensiones universales.
Sin embargo, aseguran que el buen funcionamiento de este esquema va a depender directamente del éxito que alcance la implementación de la reforma y de los mecanismos de control que se le apliquen para que los recursos no sean objeto de intereses políticos.
Sobre el tema, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que la Ley debe fortalecer muchos de sus criterios de transparencia, principalmente en lo referente a la elección de los consejeros que conformarán el Comité Técnico.
“Se debe aprender de lo que se ha hecho en México en los últimos meses y tomar de ejemplo el cómo se escogió a los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, pues fue muy riguroso. Pero veo que aquí para escoger a los miembros del comité que van a gobernar el Fondo Mexicano del Petróleo, es mucho más laxo, pues solo se pide que en los últimos seis meses no hayan sido servidores públicos, y que tengan diez años de experiencia. La verdad se debe dar un proceso más riguroso”.
Blindaje político y social
Pardinas insistió en que se necesita tener un buen blindaje político para el Fondo, pues si se logra tener una buena recaudación de dinero, “la tentación de gastarlo para asuntos electorales será enorme”.
Por eso añadió “que se debe crear un órgano técnico muy riguroso, que haga un bloqueo político que permita el buen manejo de los recursos petroleros. Sin embargo, la ley no lo contempla”.
Por otro lado, Severo López Mestre Arana, director de Mexenergy, dijo que el buen funcionamiento del Fondo dependerá del éxito que logre alcanzar la Reforma Energética, y también coincidió que todo dependerá del fomento de la transparencia.
Para ello urgió en la necesidad de permitir a la sociedad participar en la vigilancia de los recursos para garantizar su funcionalidad, toda vez que la Ley tampoco lo toma en cuenta.
“Que exista en el Fondo una participación social, pues en él se deposita toda la confianza ciudadana en la distribuición de los recursos.”
Otras advertencias
Para los analistas del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), la ley puede perder su objetivo si favorece la transferencia de los rendimientos reales del Fondo al Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando ésta sea mayor al 10 por ciento del PIB.
Consideran que si bien es cierto que las necesidades de inversión en el país son amplias, no existe ninguna garantía de que cuando se esté “ahorrando mucho”, el gobierno utilice los rendimientos reales del Fondo para inversión en infraestructura; en cambio sí habrá una gran tentación para usarlos en gasto corriente.
Puntos fuertes
Puntos críticos
