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CIUDAD DE MÉXICO.- Argentina se encuentra en medio de una disputa legal con tenedores de bonos emitidos antes de la crisis de 2001, quienes se negaron a una reestructura de la deuda y exigen el pago íntegro del papel.
La discusión ha llevado al país sudamericano a encontrarse nuevamente al borde de una cesación de pagos y un agravamiento de la crisis que viven. Para entender lo que pasa y las implicaciones que tendría, te compartimos esta breve guía.
En 2001 Argentina declaró la suspensión de pagos de su deuda por un total de 93,000 millones de dólares.
Entre 1991 y 1998 la economía Argentina creció a un ritmo de 6.3%, con tasas anuales que fueron del -2.8% en 1995, por el efecto tequila, hasta 12.7% al inicio de la década. Sin embargo, en 1998 inició una crisis que llevó al Producto Interno Bruto del siguiente año a contraerse 3.4 por ciento.
Pero el crecimiento del PIB se basó en políticas que después supusieron un problema: la cantidad de dinero en circulación se limitó para atacar la inflación y el tipo de cambio se fijó en 1 a 1 con el dólar para atraer la inversión. Además, se abrió el comercio, se simplificaron regulaciones y se privatizaron empresas públicas.
El milagro terminó cuando después de 1995 el desempeño de la economía declinó, hasta el punto de no poder sostener el tipo de cambio sobrevaluado que dependía mucho de las entradas de capital.
Esto llevó a Argentina a suspender los pagos de su deuda y reestructurarla.
Después de esto el tipo de cambio se liberó y saltó a 4 pesos argentinos por cada dólar, el PIB se contrajo 20% en los siguientes cuatro años y el desempleo alcanzó un nivel de 25 por ciento.
En 2005 se dio al primera reestructura, la cual consistía en el pago bonos en un plazo mayor a una tasa similar a la prometida y en algunos casos con descuento, pero con un valor nominal mucho menor, alrededor de 30% del original.
Alrededor del 76% de la deuda impaga aceptó el cambio.
En abril de 2010 se reabrió el canje de deuda para aquellos tenedores que rechazaron el acuerdo de 2005. De éstos, el 67% aceptó, con lo que sólo un 7% de los bonos originales quedaron como “holdouts”.
El 6% de los bonos que no han aceptado la reestructura representan un valor de 4,000 millones de dólares y exigen el pago completo de la deuda. Una buena parte de éstos, alrededor de 1,500 millones se encuentran en manos de fondos de capital como NHL Capital, Aurelius Capital Management y Blue Angel.
Estos fondos iniciaron acciones legales contra Argentina en Nueva York, que por razones históricas tiene jurisdicción sobre estas disputas. Los litigios llevaron a que el juez Thomas Griesa fallara a favor de los holdouts y prohibiera a Argentina pagar al resto de sus deudores si no pagaba también a éstos lo que les debía más los intereses.
Por el problema con los holdouts Argentina no puede participar en el mercado de deuda en dólares.
El fallo de Griesa se basa en la cláusula pari passu que dicta que todos los tenedores de deuda deben ser tratados igual. Bajo su interpretación, al alcanzar un acuerdo de reestructura con la mayoría de sus acreedores y hacer el pago a éstos, dice que también debe pagar a los holdouts aunque no hayan llegado a un acuerdo de reestructura.
Legalmente esa misma cláusula tendría un efecto dañino contra Argentina si paga a los holdouts. Bajo la pari passu, el país no puede hacer pagos a otros tenedores de bonos reestructurados sin ofrecer el mismo trato a otros. Así, los tenedores de bonos que participaron en el canje pueden pedir que Argentina también les pague íntegramente el valor de la deuda inicial.
El gobierno argentino se niega a cumplir con la sentencia de Griesa y la ha apelado en diversos niveles de la justicia estadounidense porque considera injusto su pago y pondría al país en riesgo de que quienes aceptaron la reestructura demando el pago total de la deuda.
Los holdouts que han demandado a Argentina adquirieron los bonos de los tenedores originales en 2008 a un precio muy bajo, alrededor del 20% del valor de los bonos, debido a que el país había incumplido con el pago de la deuda y no habían participado en el canje.
Pagar el valor nominal de los bonos implicaría una ganancia de 1,600% respecto a la inversión que hicieron en comprar los bonos. Es por esto que Argentina los ha llamado “fondos buitre”.
Además, el ministro de Economía Alex Kicilloff dijo que el pago incumpliría con leyes argentinas sobre el pago a acreedores y la cláusula pari passu del acuerdo de reestructura que, justamente, se compromete a no tratar a los holdouts de manera diferente.
Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año.
De ceder Argentina y cumplir con la sentencia del juez, se daría un peligroso precedente para futuras reestructuras de deuda de un país. Cuando cualquier empresa o país se declara en suspensión de pagos, la reestructura sirve como un proceso en que las partes llegan a un nuevo acuerdo con el fin de que los acreedores reciban por lo menos algo de su inversión inicial.
El juicio contra Argentina implicaría que en futuro cualquiera puede negarse a la reestructura y obligar a un país a pagar sus deudas.
Mañana, 30 de junio, Argentina debe pagar 832 millones de dólares a los tenedores que participaron en la reestructura, pero debido al fallo del juez Griesa, también debería pagar a los holdouts los 1,500 millones de dólares más intereses.
Y no es que Argentina no tenga los recursos para pagar a ambos, pero como se dijo, el pago a los holdouts podría significar que bajo la pari passu los tenedores de bonos reestructurados se unan a la demanda y exijan el pago completo de sus bonos. De acuerdo con estimaciones gubernamentales esto podría elevar la deuda a 20,000 millones de dólares-
Argentina tiene hasta las 13:00 horas de Nueva York de hoy para llegar a un acuerdo con los holdouts que haga al juez Griesa permitir el pago al resto de los acreedores de la deuda con la que debe cumplir mañana.
El plan de Argentina es llegar a un acuerdo que les permita desbloquear el pago de mañana y preocuparse por los holdouts en 2015, cuando la cláusula pari passu del acuerdo de reestructura haya vencido y pueda darles un trato diferente.
A ninguna de las dos partes le conviene una nueva suspensión de pagos.
El impacto sobre la economía argentina agravaría la recesión, empujaría más la inflación y disminuiría la ya limitada oferta de dólares en el país, e incluso podría llevarlos a una nueva devaluación. Además de los problemas legales con quienes no cumpla el pago de deuda.
En el caso de los holdouts, perderían su ventaja en la negociación, la de un default. Pero al mismo tiempo podrían esperar a que el próximo gobierno, que se instalará hacia finales del 2015, quiera aceptar sus demandas para terminar con el problema.
La firma de asesoria financiera Abadi & Co. Global Markets dice que hay tres posibles salidas al conflicto:
*gl
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