Inhabilitan a Savi Distribuciones más de cuatro años y acusan corrupción del OIC del IMSS

Después de más de cinco meses de una gestión silenciosa, el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, a cargo de Martha Rodríguez, logró el objetivo tan esperado por varios distribuidores de medicamentos a nivel nacional: inhabilitar por más de cuatro años a Savi.

El 2 de marzo el titular del Área de Responsabilidades del OIC del IMSS, Federico de Alba, emitió la resolución 00641/30.15/1123/2015. Llama la atención que, como si se tratara de un secreto de Estado, el funcionario la reserva por dos años.

En ella se impone a Savi Distribuciones una inhabilitación de cuatro años, 11 meses y 29 días, además de una multa por 70 millones 99 mil 719 pesos. De esta historia le dimos cuenta: empezó el 22 de septiembre de 2014.

Entonces la Cofepris, que preside Mikel Arriola, presentó una denuncia penal de hechos contra quien resultara responsable por la utilización del registro sanitario falso del medicamento Doxorubicina, derivado de tres denuncias interpuestas desde diciembre de 2013.

La Doxorubicina formaba parte de la clave 10 de la megalicitación de compras consolidadas que realizó el IMSS en 2013, autorizada por un monto de 97 millones de pesos, y de los cuales sólo se ejerció menos de 50 millones de pesos.

Savi entregó pruebas periciales, facturas, cartas de respaldo del fabricante Zurich, entre otros documentos oficiales, para demostrar que cumplió con todos los requisitos de ley y que actuó con estricto apego a las bases de licitación en el proceso de compras consolidadas.

En los hechos estos documentos solamente fueron parte de un proceso para que el OIC del IMSS, a cargo de la citada Martha Rodríguez, preparara la sanción histórica contra un distribuidor de medicamentos, lo que dejó muy mal parado a José Antonio González Anaya y a su equipo.

Y es que el laboratorio Zurich Pharma entregó el 8 de noviembre de 2013 una carta de respaldo a Savi en la que aceptaba y admitía que era el titular del registro sanitario. Ahora se irán a tribunales para demostrar que el OIC actuó con alevosía y parcialmente en contra la Savi.

Esta prueba de nada le sirvió al distribuidor, que no tenía la facultad jurídica para verificar si el documento de Zurich era falso o verdadero.

La situación originó que a finales del año pasado la Cofepris y el IMSS admitieran que para la compra consolidada de medicamentos para este 2015, aplicaran un control más estricto de los registros sanitarios para evitar situaciones como la de la Doxorubicina.

Y es que de acuerdo al inciso H de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. OA-019GYR047-T57-2013 (OSD), Savi sólo tenía que entregar carta del fabricante o del titular del registro sanitario en original membretado con firma autógrafa.

En esa carta el titular manifiesta respaldar la proposición técnica que se presente por la clave en la que participe, conforme al Anexo 11, el cual forma parte de la presente convocatoria (será suficiente con una sola carta del fabricante, indicando las claves que otorga el respaldo)”.

Savi notó que la investigación del OIC del IMSS carecía de imparcialidad, por lo que presentó una denuncia de “Incidencia criminal” contra quien resulte responsable por las múltiples anomalías que se presentaron en la investigación.

Y hasta donde se sabe, habría indicios para señalar anomalías en la indagatoria de la propia Martha Rodríguez, titular del OIC del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En un escrito firmado el 14 de noviembre pasado, Savi solicitaba al director del IMSS y a la Secretaría de la Función Pública, ahora encabezada por Virgilio Andrade, que el proceso fuera imparcial y ya desde entonces pedía precisar la situación jurídica de la titular del OIC.

Se hacía ver que Rodríguez estaba infiltrada por competidores de Savi que buscaban afanosamente dejarlo fuera de la megalicitación que se desarrollo entre noviembre y diciembre del año pasado.

Marzam infla

Fondos inversores en GenommaLab ya pusieron la mira en la compra, cuyo anuncio se hizo hace exactamente un año, del Grupo Marzam. Fue el 10 de marzo de 2014 cuando la compañía de Rodrigo Herrera informó al mercado la adquisición de 50% y la opción para asumir el resto, lo que se dio siete meses después. La transacción se estableció en mil 506 millones de pesos y se pagaría con recursos de la propia farmacéutica. El punto es que ahora se están desinvirtiendo de 51% de Marzam, cuyo timón apenas había asumido Ramón Neme. Nunca quedó clara la intencionalidad de esa compra en el contexto de la quiebra de Casa Saba, de Manuel y Alberto Saba Ades, que era uno de los principales distribuidores de productos como el Cicatricure, Asepxia, Dalay, Dermoprada, Next, etcétera. Un dato interesante es que Marzam tiene inventarios por más de un año de productos de GenommaLab, lo que en cualquier empresa de Estados Unidos es ilegal.

Interjet alinea

Se espera que antes del segundo semestre Interjet y British Airways tengan firmado un acuerdo de código compartido. Lo que se rubricó hace unos días en Londres fue un “acuerdo interlineal”. Tanto éste, protocolizado con el CEO de la compañía Keith Williams, como el que se tiene con Iberia, que comanda Luis Gallego, y American Airlines, que capitanea Doug Parker, acercan cada vez más a la aerolínea de Miguel Alemán al carrier One World. Lo que Interjet requeriría aún para pertrecharse es una agencia globalizadora tipo Sabre, Amadeus o Travelport, implementar un programa de viajero frecuente y disponer en sus aviones de la primera clase.

Nestlé litiga

El empresario Mauricio Hernández se anotó un buen punto a su favor en su intento por lograr la nulidad de la marca de helados Danesa 33. Desde 2012 quiere registrar esa denominación creada por el tapatío Francisco Vega Padilla en 1981. Aduce que Nestlé no la utiliza desde hace varios años, pero la multinacional presidida aquí por Marcelo Melchior se aferró a ella y empezó a litigar el caso tanto en el IMPI, que dirige Miguel Ángel Margáin, como en el Poder Judicial. El asunto, le informé la semana pasada, dio un giro porque la Cofepris aportó información relevante que fortalece la causa de Hernández ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

¿Tucom?

A propósito: al interior del TFJFA crece el rechazo contra su titular, Manuel Hallivis Pelayo. El funcionario lleva un año al frente y el malestar de magistrados va en aumento por la opacidad y excesos cometidos, mismos que se expresan en despidos injustificados y arbitrarios sin que se rindan cuentas ni al pleno ni a la Junta de Gobierno del organismo jurisdiccional. Hoy que el tema de la corrupción está en la palestra pública y que dicho tribunal debiera ser garante de la transparencia, sucede todo lo contario. Tan no quieren a Hallivis que dicen que ya tiene su propio Tucom: Todos Unidos Contra Manuel. ¿Será?