¿Y el desfalco en el Conaculta?, ¿dónde quedó?

Más allá de la polémica que generó el anuncio de crear una nueva Secretaría de Cultura, la propuesta del Ejecutivo enfrenta el desafió de resolver los serios cuestionamientos de administración presupuestal en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), antes de que asumiera como presidente Rafael Tovar  y de Teresa. Ha trascendido que la Procuraduría General de la República (PGR), de Arely Gómez, investiga un desfalco por 350 millones de pesos relacionados con el fallido proyecto “Cerebros Digitales”, que lanzó Consuelo Sáizar en enero de 2012.

Se suponía que permitiría que cualquier mexicano pudiera revisar en línea más de 11 mil documentos digitalizados de la red virtual de audiotecas, libros y hemerotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas y el material visual de fondos públicos y privados que concentran una gran parte del acervo cultural del país.

La realidad: trabajos no realizados, pero sí pagados, incluso a sobreprecio, que son atribuidos a seis funcionarios; cuatro enfrentan denuncias penales, Fernando Álvarez del Castillo, removido de la Dirección General de Bibliotecas; Luis Jáuregui Nares, coordinador nacional de Innovación; Héber López Cano, quien hasta mayo de 2014 estaba contratado en la Dirección General de Bibliotecas, y Jorge Aurelio Ochoa Morales, exdirector de Administración del Conaculta.

Por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica de la Universidad Autónoma del Estado de México (Fondict-UAEM), ejecutor de los trabajos, los supuestos responsables que están en el expediente de PGR son: el entonces director, César Alberto Roque López, y el entonces apoderado legal y actual director, Erick Herzain Torres Mulhía.

Los detalles del desfalco los dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en febrero de 2014, en el informe de la Cuenta Pública 2012, e incluían sobreprecios de hasta 627%, subcontrataciones indebidas y el pago por trabajos no realizados. Las dependencias tuvieron un plazo para aclarar el informe, pero entre septiembre y octubre la ASF, que encabeza Juan Manuel Portal, presentó denuncias penales ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia. La averiguación previa con el mayor monto –de 167.8 millones de pesos– es la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/MXII/342/2014, pero éste es sólo un caso de cuestionamiento porque la Función Pública, como siempre, las pasó “en blanco”.

De ahí que una buena parte se pregunta: ¿qué pasará si se da la transformación en Secretaría de Cultura? ¿Se volverá transparente, institucional y creíble la política de asignación de recursos para impulsar y divulgar las expresiones culturales en México, sin que sea sólo una transformación cosmética que jale más recursos para los grupos que se autorreproducen para controlarlos y aprovecharse personalmente de ellos? Ahí se la dejo.

De Fondos  a Fondo

Aunque para algunos la salida de Manuel Ángel Núñez Soto de la Dirección General del Grupo Aeroportuario Ciudad de México ha sido entendida como un “despido”, nada más lejano de la realidad. Pronto lo verá en otra asignación de negociación política, pues Núñez, al ser un gran político, jugó un papel central en la negociación y arranque del proyecto y en la puesta a punto para el inicio de la construcción. Por eso, el mismo Manuel Ángel y la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, consideraron que el proyecto requiere ahora de un ejecutivo con experiencia financiera, y tenían a la mano, justo al indicado: Federico Patiño.

 A Manuel Ángel, pronto, muy pronto, lo veremos en otra asignación presidencial. No lo dude.

Y por cierto, tal vez por su “ojo clínico”, Patiño en coordinación con la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Púbico, que encabeza Fernando Aportela, y el titular de la Unidad de Crédito Público, Alejandro Díaz de León, podría aprovechar la decisión de la Fed de mantener sin cambio la tasa de referencia para emitir un bono, que bien podría rondar los dos mil millones de dólares, en el mercado estadunidense, bajo la regla 144 A.

Es buen momento, dado que el flujo de pago procede de parte del TUA del AICM y recuerde que más de 50% de los ingresos son en superdólares, más la estabilidad que da la asignación de gasto presupuestal, pues se vería como una emisión más que atractiva y, ¡cuasi gobierno!

Conociendo a Patiño, no dude que ya esté en proceso la calificación del bono con S&P, que en México dirige Víctor Herrera, y Moody’s, que lleva Alberto Jones, pues aunque tienen suficientes recursos para 18 meses de los trabajos gestionados por Parsons, ya que en 2014 levantaron mil millones de dólares de un bono y, para octubre de este año se estará cerrando el crédito sindicado con 14 bancos por dos mil millones de dólares que encabezan HSBC, de Luis Peña;  Citibank-Banamex, que aquí representa Ernesto Torres Cantú, y JP Morgan, que lleva Eduardo Cepeda, para asegurar la bolsa a menor tasa y mayor plazo, y eso sería un gran acierto.