Calificación soberana Moody’s

Se tardaron deshojando la margarita, pero después de varios meses de revisión de la trayectoria de corrección que han tenido las finanzas públicas de México, el Grupo de Análisis de Riesgo Soberano, que encabeza Jaime Reusche, VP-Senior Credit Officer de Moody’s, cambió la perspectiva de la calificación de negativa a estable y afirmó el grado de inversión en A3.

Con ello, las tres principales calificadoras de la deuda soberana del país mandan una señal clara de que la calificación del crédito soberano de México no está en riesgo, porque reconocen el avance que han tenido las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; asimismo, el proceso electoral de julio no cambia la calificación, gane quien gane, a menos de que quien asuma la Presidencia cometa locuras como las que “ya saben quien” ha estado coqueteando.

En el caso del Nafta, señala que las negociaciones continúan siendo un proceso complejo, pero el compromiso de las tres partes para renegociarlo se ha mantenido sólido.

En segundo lugar, indica que las reformas estructurales realizadas en 2013 han aumentado la resistencia de la economía mexicana a choques, han contribuido a tener resultados fiscales favorables y ha permitido lograr una moderada caída en la deuda del sector público en relación al PIB.

Y lo que le debe importar al México electoral, es que Moody’s en abril –comienzo de campaña– considera “baja la probabilidad de que la siguiente administración debilite la situación financiera y fiscal, a través de cambios drásticos en la política pública”.

Cierto que en las contiendas pocos compromisos públicos se asumen de cara a las calificadoras, los mercados y los inversionistas, pero los 4 candidatos —llevan 11 días de delantera y el agregado— han externado su compromiso con finanzas sólidas, no deterioro del déficit y no aumento de la deuda.

Por eso, justamente hoy, cuando el análisis de las promesas de campaña y el costo económico que pagaría el contribuyente del país —no quien gana el gobierno— debe ser minucioso, porque algunas promesas al sumarse generan déficit primario ex ante de 2.5% del PIB, justo de donde arrancó la mitad de este sexenio, pero con la desventaja de que el balance petrolero no les es favorable ni tampoco la recaudación del IVA, ya que el compromiso de mantener tasas diferenciadas o erosionar la base de recaudación del IEPS y otros impuestos, está presente en el discurso político.

José Antonio Meade, titular de Hacienda de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, trabajó con bisturí para reencauzar las finanzas públicas y es evidente que su propuesta, difícilmente las debilitaría, pero toda vez que se le pone en un lejano tercer lugar en las encuestas, toca revisar las de #Anaya y las de #AMLO.

Ayer el primero presentó su propuesta para impulsar el crecimiento económico ante empresarios de Nuevo León, pero en general, hasta el proponer la creación de un ombudsman de inversión, pareciera un abuso de la figura del defensor, pero el fortalecimiento del Estado de derecho y con ello la certeza jurídica, será el mejor ombudsman que se quiera proponer sin necesidad de una estructura burocrática.

También mencionó que crearía una especie de banco de proyectos con asociaciones público-privadas y la intención o meta es llevar la inversión pública y privada a sumar 25% del PIB al finalizar el sexenio, factor clave para el impulso económico hacia niveles de 5% para terminar su mandato.

Seguro si ganara, lo cumpliría, pues Meade dejó constituido en Banobras, que dirige Alfredo Vara, el Banco de Proyectos de Infraestructura para inversión público-privada, que incluye todas las obras de infraestructura pasiva y activa energética, de telecom, satelital, de aguas, de carreteras, puertos industriales, centrales de abasto, etc. Le faltó tiempo al presidente Enrique Peña para ir más allá, pero en una de esas José Antonio González Anaya da la sorpresa y hace la propuesta de dotar de autonomía a ese banco de proyectos.

En cuanto a la tasa de crecimiento, es mejor que ninguno se comprometa con duplicarla porque la tienen difícil si hay reversión en la Reforma Energética como esboza la amenaza verbal de AMLO y, en el caso de Anaya, subraya como muchos que en la administración Peña la economía ha crecido en promedio anual dos por ciento.

La realidad es diferente si no tiene óptica electoral. Ayer leía el reporte IIF sobre economías emergentes y es la primera vez, desde 2011, que las 25 economías emergentes están creciendo a tasas positivas y la media es inferior en ese lapso a 1.5%, es decir, nuestro país, la 14 economía del mundo y la 4ª emergente, crece a una tasa sostenida mayor que el resto.

Volviendo a la perspectiva de Moody’s, la calificación soberana de México sigue contenida para su alza (lo que debiera ser meta a alcanzar de los candidatos), por la debilidad estructural del sistema de gobernabilidad, expresada en violencia, inseguridad, pésimas instituciones de persecución y sanción del delito y, más aún, un  sistema de gobierno que tiene en el municipio la parte más vulnerable de toda la estructura y requiere ser revisada en todas sus dimensiones.

Sólo les recuerdo que no han registrados antecedentes de default (no pago) de la deuda soberana de México desde 1983, y aunque erróneamente se dice que en la crisis de 1994-5 se generó una crisis de pago, gracias al acuerdo de libre comercio y a las líneas de estabilidad financiera que convinieron las tres partes en condiciones de crisis financieras, se logró evitar el default, un tema que no ha sido mencionado en la agenda modernizadora del presidente Trump. Digo, por aquello de que  el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quiera revisar la agenda de cooperación con Estados Unidos.