20 ideas para México

Sin ser una propuesta dirigida a candidatas y candidatos a la Presidencia de la República,  la iniciativa que elaboró el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que preside Alberto de la Fuente, es un gran documento que, a partir de diagnósiticos precisos, muestra los grandes desafíos que ocupan y preocupan al sector privado y, la forma en que —quienes atraen 40% de la Inversión Extranjera Directa a México y generan 20% del PIB— consideran que pueden ser resueltos.

No es un documento de grilla, sino una propuesta de política pública en temas como la educación, infraestructura, logística y conectividad, transición energética, eficacia del Estado en provisión de servicios y mejora en la regulación y, finalmente, Estado de derecho y entorno seguro para vivir y producir.

Las propuestas incluyen cambios en leyes, como la de las asociaciones público-privadas, para encontrar mejores formas de colaboración entre el gobierno y las empresas, pero también la necesidad de remediar de fondo la falta de talento productivo.

El gobierno ha establecido programas de becas y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero la realidad es que a julio del año pasado, 44% de los adultos jóvenes en México no tuvo educación preparatoria, y hoy empresas globales o nacionales, tienen como principal desafío la falta de mexicanas y mexicanos con la capacitación suficiente para enfrentar el reto del desarrollo con equidad que impone la actual transformación tecnológica global.

El Presidente habla de Internet para Todos cuando sólo 40% de los mexicanos tiene habilidades digitales básicas para acceder a un empleo y, aunque estas 60 grandes compañías no ven al pasado, sino al futuro del país, no pueden más que contener sus inversiones cuando uno de esos cinco pilares está ausente.

Entre las propuestas, está el aumento del gasto público en educación de 4% a 6% del PIB, soportado por un sistema de educación dual que incentive, además, la educación en línea.

Hay temas que tienen que ver con la política de telecomunicaciones como el nombramiento de los tres integrantes del IFT, la no la desaparición del organismo y revisar y modificar la Ley de Derechos para bajar los costos del uso del espectro radioeléctrico. En la misma escala de prioridad sugieren que exista un Plan Nacional de Infraestructura con vigencia de 20 años, que defina con claridad la forma de eliminar los cuellos de botella logísticos y de conectividad física que son lastre para la expansión de la inversión y el empleo.

En el tema de transición energética, sugieren un amplio diálogo, análisis y consenso entre los múltiples actores que confluyen en el sector, para definir una matriz energética suficiente, sostenible y limpia en el país. Ello pasa por fortalecer a Pemex y a la CFE, pero también por aclarar, de una vez por todas, la relación con el sector privado, gobiernos locales, organizaciones civiles y usuarios.

En cuanto al andamiaje del Estado y el fortalecimiento del Estado de derecho, ponen en primer sitio la simplificación y trámite para la importación y exportación e incrementar la cooperación en el marco del T-MEC, al tiempo en que se aumente al menos en 50% el gasto en seguridad pública, porque consideran que si no se atiende de manera eficiente el problema de violencia e inseguridad, se está poniendo en riesgo la viabilidad económica de México.

DE FONDOS A FONDO

Vulcan.- La intervención de la canciller Alicia Bárcena en el conflicto entre Calica y el gobierno de México tendrá que ser mucho más activa en las siguientes semanas. Fue designada por el presidente López Obrador para concluir satisfactoriamente este caso, pues tendrá que evitar que la declaración de los terrenos como área natural protegida sea interpretado como una expropiación, y por otro lidiar con la tensión que el caso ha impuesto en la relación bilateral con EU. No es una tarea sencilla, pues en medio está el arbitraje internacional interpuesto por Vulcan Materials, y por otro, el mandato de la Corte para que la Semarnat, de María Luisa Albores, muestre cuáles fueron los argumentos de la queja que interpuso México ante la ONU. Por cierto, esta queja está basada en un estudio que realizó la dependencia en octubre de 2022 que, entre otras debilidades, tomó muestras del supuesto daño ambiental en los terrenos que no son los de Calica.