IFT: ¡que le corten la cabeza!

Si el Presidente tuviera un argumento de fondo para la desaparición de órganos autónomos, no tendría la necesidad de usar la mayoría legislativa que el voto le ha conferido a su partido. 

El caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo pleno, presidido por el comisionado Javier Juárez, cuenta con sólo cuatro comisionados de siete a que obliga el arreglo constitucional de 2013, y la controversia constitucional presentada contra el presidente López Obrador por su omisión en enviar la terna de comisionadas, impide, entre los hechos más relevantes, que el IFT pueda decidir en materia de concentraciones, prácticas monopólicas, etcétera.

El expediente y revisión del caso fue comisionado por el exministro Arturo Saldívar, siendo presidente de la SCJN, a la ministra Yasmín Esquivel. Es la CC 168/2022 y, desde entonces, la omisión de la juzgadora es muestra de que la inconstitucionalidad ha sido cometida por ministra, Senado y Presidente.

De hecho, la ministra Esquivel no tendría más que “copiar” el argumento abalado por el pleno de la SCJN en el caso de controversia que permitió que el pleno de la Cofece se integrara, para que estuviera completo el órgano colegiado, pero mientras la ilegalidad por omisión subsiste, el presidente López Obrador argumenta que el IFT, como el Inai, son organismos costosos que no le hacen caso.

En la mañanera, el Presidente ha justificado su omisión constitucional con dos argumentos pírricos (alguna vez escuché usar esa palabra al otrora gran abogado Saldívar, aquel que conocí defendiendo a los bancos en el tema del Fobaproa contra la opinión del exministro Juventino Castro y,  cuya llegada a la SCJN la impulsó con todo su poder de cabildeo un banquero extraordinario que hoy no daría crédito al cambio ideológico experimentado por su amigo en su paso por el Poder Judicial): el primero, que el proceso le obliga a seleccionar entre candidatos que no conoce y, el segundo, que los comisionados del IFT gozaron de un seguro millonario de gastos médicos mayores y se les pagó la telefonía celular y datos móviles. Todo con cargo al erario.

Si hubiera argumento para rechazar la inconstitucionalidad, su ministra instructora de la controversia, desde el 29 de agosto de 2022, hubiera sancionado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República, dado que ella admitió la controversia y ordenó emplazar al Poder Ejecutivo para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra y, en esa misma ocasión, notificó a la abogada del Presidente para que respondiera.

El estatus de la controversia es “pendiente de resolver”, pero supongo que, internamente, los procesos deben tener plazo y resulta inexplicable que tampoco en el pleno se requiera a la instructora presentar su resolución.

¿Y sabe cómo pararon el proceso? Fácil. Con una chicanada judicial, de esas de las que se queja Lenia Batres, antes subconsejera jurídica y hoy ministra integrante de la trifecta de la 4T en la SCJN. María Estela Ríos, la consejera jurídica, interpuso acto de reclamación argumentando que Juárez Mojica, el presidente en funciones (porque no está completo el pleno), no tiene la capacidad de presentar controversias constitucionales porque no es presidente del órgano de gobierno y no hay presidente porque el pleno no está completo por la omisión gestada desde el Ejecutivo.

Mire, el Ejecutivo ha incumplido con el mandato judicial de elegir a las mejores aspirantes surgidas del proceso de selección instruido en la Constitución y la ley, a un comité de evaluación que ha entregado las ternas.

Ante el argumento de Ríos, la segunda sala de la SCJN le corrigió y explicó que el presidente en funciones sí tiene facultad para interponer la controversia, entonces, la ministra Esquivel tiene que resolver, como lo debería hacer alguien que se obligó a hacer respetar la Constitución, pero con aquellos de la “copia certificada”, es evidente que Arturo Saldívar escogió no a alguien afín a la 4T para “guardar el expediente”, sino a alguien vulnerable por cuanto a su quehacer judicial importa.

¿Y ahora qué?, ¿la propuesta es desaparecerlo? Este cuento es como el de Alicia en el País de las Maravillas, donde la reina dice ¡que le corten la cabeza!