Política pública integral de administración de riesgos

El asunto de política pública más importante tratado durante la 28 Convencioón de Aseguradores de la AMIS que preside Manuel Escobedo y dirige Recaredo Arias, fue la propuesta para quien llegue a la Presidencia de la República, de realizar una efectiva y profunda revisión de la política pública en materia de Administración Integral de Riesgos.

Los dos eventos relacionados con los sismos del 7 y 19 de septiembre, acumularon 71 mil 492 reclamaciones por un monto estimado, al 15 de abril, de 29 mil 793.86 pesos, sume a esto el monto cercano a los 40 mil millones de pesos que se han erogado de los fondos y seguros contratados por el Estado y los fondos públicos de la red de protección social para resarcir pérdidas en zonas de alta marginación afectadas.

¡70 mil millones de pesos! Entre fondos públicos y privados por dos eventos, pero la realidad es que los dos, como en todo lo que ocurre, evidenciaron que es muy elevada la vulnerabilidad del país por la amplia brecha de aseguramiento que mantiene frente a lo que tenemos y lo que se compara con países desarrollados con una exposición similar o mayor a la que tenemos en México a los eventos naturales.

La AMIS estima que la brecha de aseguramiento asciende a 26 mil 966 millones de dólares, lo que exhibe el que México con todo y los avances que se han tenido desde el año 2000 a la fecha con la contratación de seguros catastróficos para cubrir el impacto de finanzas públicas, sigue manteniendo importantes vulnerabilidades, que en un evento como el de septiembre, posible y repetible e incluso escalable, o en huracanes que están alcanzando categorías mayores, resultarán significativas para los hogares, empresas y el sector público.

¿Qué implica lo anterior? Que es urgente, dentro de los pejenomics, meademodeling y riceconomics, incluyan el impuso al seguro para minimizar las posibilidades de que el gobierno, de por si el mayor tomador de seguros catastróficos, facilite la penetración del seguro. De este total de pérdidas estimadas no cubiertas (brecha de seguro), el mayor impacto lo tendrían las empresas con ocho mil 260 millones de dólares no cubiertos en la actualidad, e implican entre otros, temas como huelgas, problemas operativos, desastres, pandemias, intoxicaciones, etc., le siguen los hogares con tres mil 743 millones de dólares y, finalmente, el gobierno con mil 132 millones de dólares.

Esto evidencia la vulnerabilidad que podría tener la economía mexicana (de carácter sistémico) ante la falta de cobertura por riesgos como el erupción de un volcán, como el que echa fumarolas en el Valle de México y alrededores desde hace 20 años. Como diría mi abuelita: ¡No es paisaje urbano!

DE FONDOS A FONDO

#DeMalEnMal… De acuerdo con datos de AMIS el robo de vehículos asegurados en México creció 22.7% de marzo 2017 a febrero 2018 lo cual supone un nuevo récord para el país al contabilizar 91.3 mil unidades robadas en ese lapso.

El problema toma una dimensión más espectacular si se considera que en el lapso de referencia el índice de recuperación de esos automóviles por parte de la autoridad y de las compañías aseguradoras cayó 7% de acuerdo con cálculos de Lo Jack, firma de tecnología especializada en la localización y recuperación de autos robados y que comanda en México José Antonio Ocejo.

Esto está sobrecalentando las finanzas del sector amenazando con ajustar al alza el precio de las pólizas, pues en el lapso de referencia implicó un desembolso para las aseguradoras de más de 110 mil millones de pesos por concepto de primas de robo de vehículos.

#NoHayAgua… Se acuerda del momento en que se inventaron el IEPS para “alimentos y bebidas engordadoras” y dijeron que los recursos derivados del gravamen servirían para introducir agua potable y bebederos en todas las escuelas del país. Bueno… pues la realidad, que no es novedad, es mientras la recaudación aumenta, la promesa se cumple a medias y mal.

El sistema de bebederos en escuelas públicas promovido como parte de la Reforma Educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, ha quedado en deuda con los niños más necesitados, según indica el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) que dirige Héctor Gutiérrez Garza.

De acuerdo con cifras del mismo instituto, sólo se ha instalado el 92% de la primera etapa de 11 mil planteles, es decir, se han instalado 10 mil 120 bebederos de la meta sexenal de 36 mil 443 según las cifras del mismo Inifed.

Mire, los beneficiados de este sistema no son los planteles más necesitados, pues sólo las escuelas con una red de agua constante y que aprueben una doble prueba de calidad de agua, pueden contar con bebederos. Eso excluyendo a la gran mayoría de los planteles de zonas semiurbanas y rurales y la mayoría en el sur del país.

Me refiero a la licitación CPN-INIFED-SB-001-2018 para la Construcción, Instalación y Mantenimiento de un Sistema de Bebederos con suministro continuo de agua potable en escuelas del Sistema Educativo Nacional correspondiente al Ciclo Escolar 2017-2018, que supone la instalación de seis mil 962 sistemas de bebederos, aun cuando incorpora algunas escuelas en Oaxaca y Chiapas.

Nos cuentan que ese sistema es caro y poco funcional a las necesidades de consumo de agua de los niños mexicanos en las escuelas, dado que hay otros que cuestan entre 15% y 40% menos, e incluyen lo necesario para proveer de agua limpia y asequible a las escuelas que es un derecho humano reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El ahorro, si se utilizara alguna de estas opciones, considerando a las 197 mil escuelas públicas de nivel básico como marca la ley, sería de casi 11 mil millones de pesos, tomando un monto de 82 mil 200 pesos por escuela en lugar de los 137mil pesos que se están erogando actualmente.