¿Corrupción con la bendición de la CNBV?

El candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador, fue enfático hasta el cansancio en dejar sentado que su principal objetivo será desterrar la corrupción del gobierno. Pero habría que preguntarse: ¿y la del sector privado, qué?

Ante el aparente vacío de poder que se percibe en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ciertos agentes financieros, sobre todo los bancos, actúan con prepotencia y autoritarismo sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), primero con Jaime González Aguadé y ahora con Bernardo González, intervenga.

Abundan casos ampliamente documentados por la Condusef, que dirige Mario di Costanzo, pero va un botón de muestra de cómo el BBVA-Bancomer y el Banco del Bajío están ejerciendo funciones de autoridad. Dichas instituciones están afectando operaciones de negocios al cancelar cuentas de manera unilateral, amedrentar a los usuarios y exigirles la contratación de despachos de auditores externos como condición para seguir prestando el servicio. El petate del muerto es asustarlos con que “podrían estar haciendo operaciones fuera de la ley que pueden ser sujetas de investigaciones por la autoridad hacendaria”, lo que se esgrime sin ninguna base y sólo para que los clientes acepten los abusos.

Uno de estos casos es el de unas mil empresas prestadoras de servicios que atienden a 5.5 millones de personas que operan en el esquema del outsourcing, la mayoría, clientes cautivos de los bancos de un negocio que vale alrededor de seis mil millones de pesos. Estos bancos, sobre todo el de origen español, está usurpando funciones propias de la CNBV y de Hacienda, roles que no le corresponden y llevando negocio a los grandes despachos de consultoría internacional como Deloitte, KPMG, PWC, Accenture, Bain, McKinsey, Oliver Wyman y Point B.

Otros de los recomendados por los bancos son: The Boston Consulting Group, Monitor Group, AT Kearney, The Cambridge Group, Analysis Group, Booz-Allen, Jabian Consulting, Cornerstone Research, Censeo Consulting Group, Milliman, ZS Associates, West Monroe Partners y Alvarez & Marsal. Habría que preguntar si se llevan alguna ganancia o comisión por ello. La forma de operar es la siguiente: cancelan cuentas a las empresas y las obligan a contratar estos servicios de consultoría, “para que no vayan a caer en riesgos de estar en la sospecha de incurrir en ilícitos por lavado de dinero”.

Algunos clientes de estos bancos están siendo obligados a contratar estos servicios o, por el contrario, cancelan sus cuentas de manera unilateral. Estos bancos llegan al cinismo de “sugerir” costosísimos despachos fiscales y contables, de esos que cobran en dólares la hora, que los clientes deben contratar para tener “carta de buena conducta”, factura de por medio. La aversión que algunos funcionarios en Hacienda tienen por el mal llamado outsourcing llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera a interpretar que las empresas del régimen realizan actividades vulnerables en términos de la Ley Antilavado.

Por ser un criterio de un órgano administrativo no se le pueden dar alcances legales, es por eso que cuando los bancos se atribuyen facultades que no les corresponden, abren la puerta al juicio de amparo, al que muchas empresas recurrirán para obtener la suspensión. A sabiendas de que los bancos actúan indebidamente como autoridad, muchas empresas se van a amparar para obtener la suspensión definitiva y lograr que Bancomer y Banco del Bajío no cancelen las cuentas y presten los servicios contratados sin afectar a los usuarios.

La pregunta es: ¿quiénes son los directivos de bancos que se están engordando la bolsa con comisiones de estos servicios de asesoría y consultoría fiscal y administrativa, y por qué la CNBV lo permite? El tema ya llegó al equipo de transición de AMLO, que encabezan Carlos Urzúa, Alfonso Romo, Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier.

Sería muy bueno que pusieran el lente en el sistema bancario, que presta caro, poco y en muchas ocasiones está coludido con funcionarios y es causa de corrupción empresarial. Esta misma semana van a empezar a llegar los primeros amparos y demandas en tribunales.

TRAS FUENTES

Fueron alrededor de dos mil millones de pesos los que, a principios de año, tuvo que pagar Jorge Vergara al SAT de ejercicios que venían desde el 2012, cuando su exesposa, Angélica Fuentes, empezaba a tomar la administración del Grupo Omnilife y el Club Guadalajara. El empresario contó con la asesoría del reconocido fiscalista Herbert Bettinger y terminó liquidando sus adeudos a la instancia que preside Osvaldo Santín, a un tris de que la PGR procediera en su contra. Vergara tuvo que pedir un crédito a BBVA-Bancomer, que preside Luis Robles Miaja, para salvar esa complicada situación en la que lo metió Fuentes. Le cuento esto porque recién llegó a esa misma PGR, que comanda Alberto Elías Beltrán, una querella de la Procuraduría Fiscal en contra de Fuentes. Ahora el organismo, al mando de Max Diener, acusa a la exmujer de Vergara de defraudación fiscal por 123 millones de pesos, tras, presuntamente, falsificar la firma de aquél para hacer creer que recibió más de 500 millones de pesos en donativos, cuando en realidad se trataba de ingresos.

SE FUE A TIEMPO

Acusamos recibo de Fernando Martínez Salcedo, quien nos informa que dejó de ser director de Abengoa México desde el 6 de junio del año pasado. Por ello aclara que no participó ni firmó el convenio concursal de la compañía. El ejecutivo ya se deslindó por completo de la constructora andaluza que preside Gonzalo Urquijo. Aquí su nuevo director es Ginés de Mula. Le reportamos hace unos días que la compañía ya incumplió el primer pago de acreedores de casi 356 millones de pesos.