Defiende Oro Negro toma de plataformas

Ayer, la empresa Oro Negro repelió una orden judicial de restituir sus cinco plataformas de petróleo a sus acreedores, poniendo en peligro helicópteros y a sus pasajeros: abogados, marinos y policías federales.

El jueves pasado, un juez del Sistema Penal Acusatorio, Enrique Cedillo, ordenó la restitución de las plataformas a sus acreedores, después de amplia evidencia de fraude administrativo.

Con esa orden, ayer domingo, abogados, en representación de los acreedores, con apoyo de la Marina, que comanda Vidal Francisco Soberón, y de la Policía Federal, que dirige Manelich Castilla, se trasladaron en helicópteros he intentaron ejecutar la orden.

Un abogado de los acreedores, acompañado por policías, pudo aterrizar en la plataforma Decus, pero les fue negado el acceso a la parte principal de la plataforma y pasaron la noche en el helipuerto.

Posteriormente, otros helicópteros que intentaron apoyar a este grupo fueron atacados con cañones de agua por empleados de la empresa que administran Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White.

Con respecto a las otras cuatro plataformas, simultáneamente diferentes agentes intentaron cumplimentar la orden judicial, pero no pudieron aterrizar por tener helipuertos bloqueados con obstáculos.

Abogados y policías tuvieron que regresar a Ciudad del Carmen, al tiempo que representantes de los acreedores presentaron una denuncia ante las autoridades de Campeche.

Se denunció privación de libertad y negación de una orden judicial. Los acreedores expresaron su preocupación por los eventos, sobre todo por la integridad de quienes ejecutaban la orden del juez.

Los acreedores son Maritime Finance, ARCM, Jupiter, Seatown y Geveran Trading, principalmente, agrupados en el fideicomiso Nordic Trustee, que reclaman el pago de unos 900 millones de dólares. Ellos son los dueños de las cinco plataformas que intentaron recuperar ayer.

MÉXICO, ABAJO

Hoy, Mercer, la consultora de recursos humanos más grande del mundo, da a conocer el Índice Global de Pensiones de Melbourne 2018 (MMGPI), un estudio que compara 34 sistemas de pensiones a nivel global y en donde México sale pésimamente calificado, pues ocupa el lugar 32 en la tabla, sólo por encima de la India y Argentina.

El MMGPI se lleva a cabo desde hace 10 años, utiliza tres subíndices y 40 indicadores y otorga a nuestro país una calificación de 45.3 puntos de los 100 posibles. Lo ubica en la categoría “D”, lo que significa que el sistema de pensiones tiene características deseables, pero acusa debilidades u omisiones que necesitan ser abordadas, como su diseño, ahorro y recaudación.

A nivel América Latina, el sistema de pensiones está lleno de claroscuros: Chile compite con los mejores países del mundo, como Nueva Zelanda, Canadá y Suiza, ocupando la octava posición global, con 69.3 puntos en una categoría “B”.

Colombia, con 62.6 puntos, y Perú, con 62.4 puntos, ocupan una posición “C+”; Brasil, con 56.5 puntos, tiene una posición “C”, mientras que Argentina es el último lugar de la tabla con 39.2 puntos y una posición “D”.

De acuerdo con los especialistas de Mercer, que lleva aquí Gerardo García, el valor general del índice podría mejorar si se toman en consideración al menos cinco aspectos.

Elevar la pensión mínima disponible para los más pobres; contemplar un requisito que establezca que parte del beneficio de jubilación de los planes de pensiones privadas debe tomarse como un flujo de ingresos.

Aumentar el nivel de las contribuciones financiadas para incrementar así el nivel de los activos a lo largo del tiempo; mejorar requisitos normativos del sistema privado de pensiones.

Y eficientar los requisitos que establecen los gobiernos para el sistema de pensión privada, incluida la necesidad de niveles mínimos de financiamiento en planes de beneficios.

Se trata de un estudio que vale la pena que las autoridades analicen, porque tenemos una población que envejece y no sabe cómo vivirá una vez que termine su vida laboral.

DIANA QUIERE

Quien se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la nueva administración es la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal.

En su afán de buscar acomodo a partir del 1 de diciembre y con la bandera de combatir a las empresas que venden facturas falsas, presentó una propuesta de reforma fiscal, que no sólo no resuelve el problema de los comprobantes apócrifos, sino que afectará a miles de Mipymes, asociaciones y colegios de profesionistas.

Esta situación ya generó molestia en los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes, en su mayoría, fueron los que llevaron al triunfo a Andrés Manuel López Obrador.