La guerra del atún azul

Todo indica que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), de Mario Aguilar, acaba de meter en un problema internacional al secretario de Agricultura y Alimentación, Baltazar Hinojosa, ya que no ha podido lograr el cumplimiento de la cuota de captura de atún aleta azul por parte de algunos concesionarios, como es el caso de las empresas Servax y Chichimecas, operadas por la familia Servitje.

Ante tal descontrol, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), que lleva Humberto Becerra, cuestionó el papel de la autoridad, ya que México podría perder la buena imagen internacional que ha forjado durante los últimos años en el tema de conservación de especies, al tiempo que exigió transparencia en el asunto de la sobrepesca, pues se debe aplicar la ley a las empresas que hayan excedido de la cuota.

Y es que esta situación le afecta en demasía a todo el gremio atunero, debido a que los deja mal parados, ya que la Canainpesca está a favor de operar dentro de la ley, y han venido luchando porque se les reconozca como empresas responsables y no depredadoras.

La Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) es el organismo internacional encargado de establecer las cuotas de captura a diversos países, entre ellos, Japón, Corea, China, Estados Unidos y México.

Para el periodo 2017-2018, esta comisión determinó que México tendría una cuota de captura de seis mil toneladas, sin embargo, durante el primer año se capturaron tres mil 643 excediendo la cuota, por lo que para 2018 sólo debían capturarse dos mil 357 toneladas y se capturaron dos mil 836, violando nuevamente la disposición.

Ante esto, la familia Servitje distribuyó desde la semana pasada un comunicado en el que afirma cumplir con la ley e intenta justificar que no superaron la cuota de pesca que les correspondía a través de la empresa Servax Bleu, además de hacer mención a un “acuerdo” firmado entre empresas dedicadas a la engorda de atún aleta azul y la autoridad (Conapesca), el cual, por cierto, nadie conoce. Explicación no pedida, acusación manifiesta, dicen por ahí.

Se sabe que la Sagarpa no dará marcha atrás y atenderá las quejas de los pescadores que cumplen con la ley, por lo que llegará hasta las últimas consecuencias para investigar si las empresas que opera el Grupo Altex o funcionarios federales incurrieron en anomalías que pondrían en riesgo al sector pesquero.

Cabe recordar que en México existen más de 300 mil pescadores, quienes, por negligencia o ambición, podrían resultar afectados en su fuente de ingresos, pues cada día se pretenden cerrar más áreas de pesca y ése es el gran reto a contrarrestar por parte de la Canainpesca, que promueve una pesquería sustentable y respetuosa a las leyes vigentes.

INVEX, GANÓN

Como les he venido informando en este espacio, es la fecha que, respecto de los fondos y bienes que integran el patrimonio del Fideicomiso Mexicana MRO, los miembros del Comité Técnico, presididos por Alfonso Sarabia, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, no ha repartido ni un solo peso a los más de ocho mil trabajadores que perdieron su fuente de trabajo con la quiebra de la fallida Mexicana de Aviación.

Quien sí se ha visto beneficiado y ha cobrado puntualmente durante todo este tiempo es Banco Invex, de Juan Guichard, como fiduciario al que no le ha importado en absoluto que el comité no haya hecho lo necesario para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, a pesar de ya haberse cumplido más de cuatro años de la creación de éste, pues los deja actuar, hacer y deshacer como si fueran los dueños de los derechos y activos del fideicomiso.

Están cobijados por la inactividad de la dirección Jurídica y Fiduciaria del banco, a cargo de Luis Enrique Estrada Rivero, tomando las decisiones que quieren, como es la de aplazar indefinidamente el reparto de los recursos y mantener su postura de ser omisos en la designación de un director general definitivo para el taller aeronáutico.

Es conocido que ya se han interpuesto diversos recursos judiciales en contra del fideicomiso y, dadas las circunstancias, no se descarta que quien termine siendo, cuando menos económicamente, responsable ante las mismas, sea el propio Banco Invex.

¿Será que el banco y su división fiduciaria están dispuestos a correr un riesgo de más de 300 millones de pesos por su opacidad? Ya lo veremos.

LA ÉTICA AMLO

Las instituciones educativas y centros públicos de investigación cerraron ya sus procesos de negociación laboral. Todos se apegaron a la tradición de acordar un incremento salarial considerando a la UNAM como marco de referencia.

Pues bien, con la novedad de que cuatro centros Conacyt hacen peticiones desproporcionadas y, curiosamente, comparten la asesoría legal de Arturo Alcalde, padre de Luisa María Alcalde, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria del Trabajo y Previsión Social si es que gana las elecciones. ¿Será éste un caso donde se ofrece el remedio y el trapito?