Slim se adueña del Cetram Toreo

Fue a principios de este mes que está a punto de concluir cuando el Gobierno de la Ciudad de México dio por concluido el litigio que hace poco más de cinco años inició contra ICA, Carso y Alstom por los trabajos de construcción de la fallida Línea 12 del Metro.

En diciembre de 2012, tras de que Miguel Ángel Mancera asumiera la Jefatura del entonces Distrito Federal, Bernardo Quintana, Carlos Slim y la francesa capitaneada aquí por Rodelmar Ocampo demandaron al gobierno por la friolera de tres mil 835 millones de pesos por trabajos extraordinarios.

En 2014 el gobierno capitalino contrademandó por unos cuatro mil millones, culpando a los contratistas de trabajos defectuosos. La Línea 12, que costó 26 mil millones de pesos, registró problemas de incompatibilidad entre las vías y los vagones, lo que llevó al cierre de 12 de sus 20 estaciones.

El pleito duró de finales de 2012 a finales de 2017, cuando un juez terminó dando la razón al consorcio y ordenó al gobierno de la ciudad pagar los cerca de cuatro mil millones. Las partes entraron en negociación y acordaron matar el caso con un finiquito de dos mil 944 millones 787 mil 447 pesos.

Le decía que el convenio con Mancera implicó un pago en especie, pues su gobierno no tuvo recursos en efectivo. No fueron cinco inmuebles lo que se depositó en un fideicomiso. En realidad se trató de la concesión que su gobierno dio a IDEAL y a Grupo Prodi para desarrollar el Cetram de El Toreo.

Estamos hablando de dos inmuebles, uno de 66 mil 989 metros cuadrados cuyo avalúo salió en dos mil 396 millones 984 mil 861 pesos, y otro de 13 mil metros cuadrados que arrojó un valor de 547 millones 802 mil 586 pesos. Es la parte correspondiente de la CDMX del Cetram. El resto es del Estado de México.

Una vez que el GCDMX liquidó, Slim pagó a ICA, que dirige Guadalupe Phillips, el 80% de esos dos mil 944 millones 787 mil 447 pesos, y a Alstom su parte correspondiente en el consorcio, y se quedó con los inmuebles del Centro de Transporte Intermodal que tiene en sociedad con la empresa de José Miguel.

Dicho Cetram ya está desarrollado sobre una superficie total de 93 mil metros cuadrados donde hay oficinas, andenes, estaciones, tiendas de autoservicio, restaurantes, cines y vivienda en renta. Se invirtieron alrededor de 80 millones de dólares en esa terminal que poseía una concesión a 30 años.

La ganancia de Slim con el acuerdo para concluir el pleito de la Línea 12 que le heredó Marcelo Ebrard es que de concesionario pasa a ser propietario. Es decir, tendrá junto con Miguel la posibilidad de maximizar dos terceras partes del Cetram sin mayor restricción del gobierno. Dicho de otra forma: ya no hay concesión a 30 años. Ya es el dueño del Cetram Toreo.

CUENTAS INACTIVAS

En el marco de las reformas a la ley en materia fiscal y financiera propuestas por ambas cámaras desde febrero y marzo pasados, existe una que por sus alcances e impacto social debe ser considerada como prioridad por nuestro Congreso.

Hablamos de la iniciativa de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula la materia de Cuentas Inactivas y que fue presentada en marzo pasado por el senador panista Héctor Flores Ávalos. La iniciativa obligaría a los bancos a notificar a los cuentahabientes sobre la inactividad de las mismas; a informarles sobre las consecuencias de mantenerlas inactivas, o en su caso, a intensificar los esfuerzos por localizar a los cuentahabientes que no realicen movimientos.

Y es que la legislación vigente señala que al cumplir una cuenta tres años de inactividad, los recursos pasan a una cuenta global y, al transcurrir tres años más, el Estado puede confiscar los recursos para disponer de ellos en proyectos de “beneficencia pública”. La propuesta del senador Flores Ávalos plantea, por el contrario, que los recursos, una vez en la cuenta global, continúen generando los mismos intereses contratados con el ahorrador y que el cuentahabiente, en cualquier momento dentro de un plazo de seis años a partir del primer aviso, pueda recuperarlos.

Aún más, propone que los recursos “confiscados” se destinen a un programa integral de inclusión financiera mediante el cual se impulsen iniciativas a favor de la educación financiera y de la construcción de infraestructura en comunidades remotas y/o marginadas, con el objeto de impulsar y democratizar el acceso a los servicios financieros, proteger a los ahorradores y combatir a la pobreza en México. Estamos ante una reforma de ley de gran calado que el mismo Banco Mundial avala por la importancia que tiene el acceso a los servicios financieros en el combate a la pobreza.

LA AMIB POSPONE

Tal y como se lo anticipamos, ayer fue la asamblea de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y se determinó mantener en la presidencia a José Méndez Fabre.

Oficialmente nadie habla de lo que aquí le dijimos, en el sentido de que se le dio un tiempo extra para preparar su salida este mismo año. Pero a juzgar de las resoluciones de la asamblea, hay más de una señal al respecto. La más clara fue la incorporación de Humberto Cabral en calidad de vicepresidente del consejo de dicho gremio.

Se trata del director de Accival que le reportamos se perfila para sucederlo. Es el ejecutivo que empujan varias casas de bolsa lideradas por GBM, la de Alonso de Garay y Diego Ramos. Hoy toca la asamblea de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán.