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CIUDAD DE MÉXICO.- China introduce enormes cantidades de datos públicos y privados en bases de datos gigantescas con el propósito de reforzar el control que ejerce sobre su población, de casi mil 400 millones de personas.
El mundo empresarial, en especial, es su principal blanco.
Según medios estatales, documentos gubernamentales y algunos expertos, Pekín se ha dedicado a recopilar información que ahora está dispersa en distintas dependencias gubernamentales y asociaciones industriales (como resoluciones judiciales, datos de nómina, registros ambientales, violaciones a derechos de autor, e incluso cuántos empleados pertenecen al Partido Comunista) con el fin de utilizarla para calificar a las empresas y los funcionarios que las dirigen.
Si las empresas obtienen una calificación baja, puede prohibirles obtener préstamos o realizar otras tareas esenciales. En cuanto a sus propietarios o funcionarios, sus cuentas bancarias pueden quedar congeladas, o quizá incluso se les prohíba viajar.
El sistema no solo se aplica a las empresas chinas. Algunos funcionarios han enviado cartas en las que advierten a empresas como United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines que podrían darles calificaciones negativas si no acceden a las peticiones de Pekín. FedEx corre el riesgo de recibir un castigo similar.
El término que se ha adoptado en China para designar este sistema es “crédito social”. Los dirigentes chinos esperaban lanzar el próximo año un ambicioso programa nacional dedicado a castigar o recompensar a las personas. Su objetivo era reproducir el sistema de calificación de crédito que se utiliza comúnmente en Estados Unidos y otros países, además de reprimir conductas dentro del país, donde la ejecución de las leyes no es homogénea.
Algunos libertarios civiles advirtieron que ese sistema sería como un Gran Hermano digital capaz de entrometerse en todos los aspectos de la vida cotidiana en China. De cualquier forma, todavía no se aplica a personas individuales a escala masiva.
Sin embargo, para muchas empresas, el crédito social ya es una realidad. En septiembre, la agencia central de planeación económica de China anunció que había concluido la primera evaluación de 33 millones de empresas, y otorgó calificaciones en una escala de 1, para las de excelente desempeño, a 4, para las de mal desempeño.
China espera que se convierta en una herramienta regulatoria aplicable en todo su territorio, gracias a las crecientes capacidades del país en macrodatos y automatización, para ayudar al Partido Comunista a mantener a raya al mundo empresarial.
“Se supone que afectará la toma de decisiones de las empresas, de manera que se ajuste a los deseos del partido”, explicó Samantha Hoffman, investigadora del grupo de expertos Instituto Australiano de Política Estratégica.
Hace poco, Loren Fei, de 30 años e hija del propietario de una fábrica de seda, fue incluida en una lista negra de negocios y propietarios. Según explicó, el gobierno congeló sus cuentas bancarias y le impide viajar, además de que perdió su empleo, todo porque su padre no podía pagar sus deudas.
“Mi familia sí quiere pagar el dinero, pero el sistema lo está haciendo imposible”, se lamentó Fei.
Las autoridades ya pusieron a prueba el sistema como herramienta para obligar a las empresas extranjeras a ajustarse a las políticas del Partido Comunista.
United, Delta y American recibieron el año pasado cartas de funcionarios chinos de aviación en las que les advertían que su calificación de crédito social podría verse afectada si no identificaban en su sitio web a Macao, Hong Kong y Taiwán como parte de China. Calificaciones más bajas podrían propiciar investigaciones, la posibilidad de cuentas bancarias congeladas y limitantes en cuanto al desplazamiento de empleados locales, entre otros castigos, según una carta enviada a United a la que The New York Times tuvo acceso.
Representantes de United, Delta y American Airlines confirmaron que habían cambiado sus sitios web, pero se negaron a hacer comentarios específicos al respecto.
El crédito social forma parte de las acciones del Partido Comunista encabezado por Xi Jinping, su máximo dirigente, para fortalecer su control sobre el país.
Las autoridades están en proceso de instalar tecnología de reconocimiento facial independiente y otros sistemas de monitoreo para aplacar a los disidentes y ponerle un alto a la delincuencia. Han adoptado una postura más inflexible en cuanto a los medios e hicieron ajustes para darle al partido más espacios en oficinas y salones de clases.
La aplicación del sistema de crédito social a las empresas podría beneficiar mucho a China. A pesar de que Pekín domina el poder de manera autoritaria, desde hace tiempo ha batallado para lograr que las empresas se ajusten a la ley.
La existencia de ministerios gubernamentales ineficientes, con competencias compartidas, entorpece su cumplimiento. Además, los gobiernos locales ofrecen espacios seguros para empresas poderosas. En consecuencia, existe una contaminación generalizada y se cometen amplias violaciones a las leyes laborales, entre otros problemas.
Por ejemplo, Fei dijo que durante años las autoridades locales habían permitido que la fábrica de seda de su familia contraviniera normas ambientales con tal de generar crecimiento económico. A fin de cuentas, la clausura de la fábrica se debió a cuestiones ambientales.
Por desgracia, las empresas no tienen muchas opciones si los datos no son precisos o los castigos causan alteraciones desproporcionadas, comentaron algunos expertos.
“El sistema unificado de recompensas y castigos aumenta significativamente la probabilidad de que una violación se agrave en el curso de las operaciones y llegue a generar una avalancha de multas que imposibiliten las operaciones hasta que se resuelva el problema inicial”, señaló Kendra Schaefer, directora de investigación digital en la consultora Trivium China, que hace poco publicó un informe sobre el crédito social.
Las empresas extranjeras han expresado inquietudes por la forma en que podrían verse afectadas por sus socios comerciales. La empresa alemana de productos químicos BASF, por ejemplo, debe verificar que sus socios chinos cumplan las normas ambientales.
“Les dejan a las empresas de la cadena de suministros la presión de resolver los problemas ambientales”, dijo Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, quien también funge como principal representante de BASF en China. “Se trata de un verdadero cambio que pone mucha presión sobre nuestras espaldas”.
A las empresas extranjeras también les preocupa que el crédito social se aproveche como arma en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En un informe el mes pasado, la Cámara de Comercio de la Unión Europea citó el ejemplo de FedEx, la empresa de mensajería estadounidense, que quedó atrapada en medio de la batalla comercial.
El gobierno chino amenazó con incluir a FedEx en una lista de empresas y ciudadanos extranjeros que no considera confiables, pues sostiene que su decisión de retener un embarque de productos Huawei constituye una contravención de la ley. El discurso empleado suena muy parecido al del crédito social.
Los funcionarios chinos no han publicado la lista ni han explicado qué consecuencias tendrá, aunque sí afirmaron que tratarán a todas las empresas por igual.
El sistema de crédito social reúne varias listas negras recopiladas desde hace tiempo por distintos ministerios y gobiernos locales, que las utilizaban para castigar con medidas activas y amplias a quienes incurrían en conductas indebidas. El problema es que, aunque la idea es establecer un sistema de crédito social que funcione en todo el territorio de China, todavía existen decenas de sistemas en distintas ciudades con métodos de calificación diferentes.
Fei, la hija del dueño de la fábrica de seda, descubrió que estaba incluida en el sistema durante un viaje de trabajo a finales de 2017, cuando no pudo comprar un boleto de tren para regresar a casa. Entonces congelaron sus cuentas bancarias. Lo peor fue que la despidieron de su trabajo como analista financiera.
Fei había firmado documentos para que su padre obtuviera un préstamo. La madre de Fei, que ya está jubilada, también está en la lista por ser accionista. Los pagos mensuales de su pensión quedaron congelados. La familia debe cientos de miles de dólares. Fei, que ahora se dedica a vender mercancía por internet, dice que gana una décima parte de lo que obtenía en su empleo.
Encontró en internet una comunidad de personas en situaciones similares a la suya. Un hombre le contó que antes era servidor público, pero tuvo que renunciar cuando lo incluyeron en la lista.
Fei cree que es injusto. “Nadie quiere ser una persona deshonesta”, comentó.
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