AMLO: sin crisis en 2024, posible en 2025; el papel de la Corte, primordial en iniciativas

El presidente López Obrador no espera una crisis de fin de sexenio. Las crisis sexenales fueron una maldición desde el fin del sexenio de Luis Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari. A fines de sexenio se reunían varias anomalías, entre ellas mantener ficticiamente un peso fuerte frente al dólar (el famoso tipo de cambio fijo o semifijo hacía mucho daño). Pero también el gobierno traía una elevada deuda pública, como sucedía con Echeverría o López Portillo, pero también con la de Tesobonos, entre Salinas y Zedillo.

Es entendible que López Obrador insista en su austeridad republicana (aunque en algunos casos sea austericidio). López Obrador quiere cerrar su sexenio sin grandes problemas de deuda. Incluso su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene como mantra el objetivo de no exceder el nivel de Deuda Pública/PIB en más del 50 por ciento.

El mensaje del Presidente es bienvenido.

INGRESOS PÚBLICOS, COMIENZAN A PREOCUPAR

Sin embargo, un problema de AMLO es el de los ingresos públicos. Como bien sabemos, fue una administración sin reforma fiscal y ahora empiezan a surgir problemas. En el primer trimestre de 2023, los ingresos públicos cayeron 5.5%, entre los petroleros y no petroleros. Incluso la recaudación de impuestos, desde el ISR, IVA e IEPS, bajó. Si vemos sólo el mes de marzo, la caída de ingresos públicos fue de 18.9 por ciento.

Estas razones indican que el gobierno obradorista no quiere dar nada de presupuesto a lo que no considere indispensable, en particular el gasto social, clave para las elecciones de 2024.

El mensaje del Presidente también va para sus corcholatas. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adan Augusto López, en dado caso de llegar a la Presidencia, deberán emprender una reforma fiscal. Igual alguien de la oposición. En esta administración, el SAT buscó cobrar a las grandes empresas, pero un problema serio sigue siendo la enorme economía informal. El problema de ingresos públicos empieza a prender alarmas.

SEDENA, AHORA COMO EMPRESARIAL

La gran ganadora de las iniciativas del presidente López Obrador es la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena se volverá empresaria, con varias concesiones. Se le dará su aerolínea comercial con el nombre de Mexicana. Se le darán concesiones de aeropuertos, manejando el AIFA y el de Tulum. Sí operará el Tren Maya, además, con recursos que antes iban al turismo. Y esta concesión será perpetua, sin plazo alguno.

Esto, desde luego, es complicado para las empresas de aviación. ¿La Sedena recibirá dinero público para competir con los privados? Además, tendrá aeropuerto y aerolínea, originando una ventaja anticompetitiva sobre las demás aerolíneas.

En el caso del Tren Maya, si bien es de pasajeros y parece no ejercer competencia en contra de CP Kansas City ni con Ferromex, sí hay una ventaja con una concesión sin plazo alguno.

20 LEYES, LA CORTE OTRA VEZ

Los senadores de Morena y aliados, al recibir la instrucción del presidente López Obrador, no guardaron los procesos legislativos. Ni siquiera hubo discusión legislativa y mucho menos parlamentos abiertos. Los senadores de Morena aprobaron al vapor, en la madrugada del viernes, de manera automática, sin discutir con el resto del Senado. Y muchas de éstas van a ser impugnadas por inconstitucionales, pero las empresas afectadas de seguro se van a amparar. Por ejemplo, la Ley Minera no pasó por un proceso parlamentario ni consulta a pueblos indígenas. La ley de Administración Pública, donde la Función Pública será la gran compradora del gobierno, no cumple con ningún requisito de transparencia ni contrapesos. La Ley de Aviación Civil y Aeropuertos conforma un conglomerado anticompetitivo al darle a la Sedena aeropuerto y aerolínea. La sustitución del Conacyt también traerá problemas legales.

La SCJN, lejos de ser alcahueta, como dice el Presidente, deberá resolver varios de los temas inconstitucionales de estas iniciativas, así como los malos procesos legislativos que dejaron a los senadores de Morena en un papel de simples receptores de la instrucción del Ejecutivo.