“Instituto Robin Hood”

Entre las últimas propuestas del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras de la semana pasada está la creación de lo que denominó: “El Instituto Robin Hood” o “Chucho el Roto” para —dijo— devolver “al pueblo” todo lo robado, lo que se confisque a la delincuencia organizada y por actos de corrupción.

Seguramente, López Obrador sabe que ya existe el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, un organismo descentralizado que es coordinado por la Secretaría de Hacienda y que se encarga, precisamente, de enajenación o venta —vía subastas públicas— de bienes inmuebles y muebles que pasan a manos del Estado y que, evidentemente, incluyen a los decomisados al crimen organizado.

De hecho, esta semana, el jueves y viernes, el SAE realizará en la ciudad de Oaxaca la primera subasta presencial a martillo de 668 lotes con un precio base de 789 millones de pesos, que incluyen 310 lotes de bienes muebles; 307 de bienes muebles y 51 de activos financieros y de empresas.

Lo que se busca con esta primera subasta a martillo, que podrá ser presenciada por el público en general, es una mayor transparencia y, desde luego, se trata de bienes que llegaron a manos del SAE, después de un proceso legal de adjudicación, y además de las subastas, realiza la destrucción de bienes y también donaciones que decide un Comité bajo normas estrictas de operación.

AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE

La propuesta del “Instituto Robin Hood” sorprendió no sólo porque ya existe el SAE, sino también porque lo que pretende López Obrador es que sea un órgano autónomo e independiente, pero enmarcado en la Secretaría de Hacienda, y que “libere rápidamente” los bienes confiscados.

Lo que más preocupa al sector privado es la tendencia en la 4T a preferir las asignaciones directas a licitaciones públicas, ya sea en la compra de pipas o de medicinas. El temor es que para obtener “más rapidez”, los bienes confiscados no sean ya subastados en licitaciones o subastas públicas, sino en asignaciones directas, porque López Obrador pretende que los bienes confiscados sean asignados a escuelas, hospitales o asilos.

Después de que el Presidente dijo que la “justicia debe estar por encima de la ley”, tampoco queda claro si pretende que la asignación de bienes inmuebles confiscados al crimen organizado y “a los corruptos” se realice fuera del marco de la ley, porque, en efecto, los procesos son prolongados por los amparos y recursos que interponen los afectados.

CRE, UNO MENOS

La que sigue debilitándose es la Comisión Reguladora de Energía, porque el comisionado Guillermo Zúñiga renunció “por razones personales”. De los siete comisionados originales sólo permanecen Luis Guillermo Pineda y Guillermo García Alcocer, quien, pese a las presiones de Sener y de López Obrador, se mantiene como presidente.

Aunque en teoría la CRE es un regulador autónomo, en la práctica ya está supeditado a lo que decida Rocío Nahle, la secretaria de Energía, porque los cuatro comisionados que nombró directamente López Obrador, después de que fueron dos veces rechazados por el Senado, tienen mayoría en la Junta de Gobierno.