Consultas cargadas

¿Quisiera que ya no se paguen impuestos? ¿Cree que la gente de escasos recursos debe pasar hambre? ¿Está de acuerdo con la corrupción? Si usted contestó con un “no” a cualquiera de estas preguntas, no sólo está respondiendo con una respuesta obvia, sino que también cayó en lo que, en el arte de la argumentación, se llama una falsa dicotomía. En este tipo de preguntas nos imponen dos opciones a preguntas cargadas, donde una de las respuestas podría parecer obvia. Sin embargo, el problema va mucho más allá de lo que se pregunta o sus respuestas.

Casi nadie disfruta pagar impuestos, pocos serían tan desalmados en aceptar el hambre de otros o estaría de acuerdo en “la corrupción” —incluyendo de nuestros gobernantes—. Son respuestas obvias a preguntas que buscan exaltar sentimientos del encuestado. El riesgo está en que esas preguntas y respuestas generan más problemas que los que falsamente quieren resolver.

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Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de las barbaridades que puede causar una consulta popular cargada. Robespierre, el famoso revolucionario francés, quien encabezó de uno de los periodos más radicales y destructores de la Revolución Francesa, pensaba famosamente que los gobernantes debían ser sometidos a consultas populares (a mano alzada) para saber si debían mantenerse. De lo contrario, debía imponerse la voluntad popular que, en esa época radical, significaba perder la cabeza en la guillotina. Lo irónico de ello es que el propio Robespierre acabó siendo víctima de sus políticas: junto con otros revolucionarios jacobinos franceses —y sin ningún juicio formal más que el popular— acabó ejecutado en la guillotina.

Muchos siglos antes de esto, Jesús fue sometido a una consulta popular a mano alzada por Poncio Pilato, el gobernador de Judea. El resultado fue la condena a Jesús al crucifijo y el perdón popular a Barrabás, un probado criminal.

Pues bien, el próximo 1º de agosto se va a celebrar la primera consulta popular en México organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). En un hecho histórico, el Presidente sometió el año pasado a votación del Congreso una pregunta —modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— sobre si se debe o no enjuiciar a “actores del pasado” (lo que eso pueda significar). La pregunta original, antes de ser modificada por la Corte, pedía el enjuiciamiento de los expresidentes de la República (con excepción de Luis Echeverría).

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El problema de fondo no es el costo de la consulta (522 millones de pesos), si se debe someter a consulta lo que ya establecen las leyes (sancionar presuntos actos de corrupción), presentar dos opciones —como si no existieran otras— o de plano fueran las únicas soluciones o, desaprovechar un momento histórico —el uso de la consulta popular— para preguntar algo innecesario. El verdadero problema es que esta pregunta representa un distractor más de los problemas de fondo de nuestro país.

Como si no existieran los problemas de inseguridad, desempleo, quiebra de empresas o narcotráfico que están acechando a nuestro país, se distrae con rifas de aviones, consultas precargadas para cancelar aeropuertos, solicitudes de perdón a España por la Conquista y, ahora, una consulta popular para “enjuiciar a expresidentes”. Ésta causará, como a Robespierre o Poncio Pilatos, más problemas que resultados.