El desastre de la aviación

En este sexenio quizá no hay dos sectores industriales más trastocados y emblemáticos del nacionalismo trasnochado, la ineptitud administrativa y el estatismo que la industria energética y la de aviación civil. Son dos sectores que, en cuatro años de gobierno, bajo la tutela de un Presidente que sólo escucha sus sesgos ideológicos, han causado el más grande derroche de recursos públicos de los últimos 40 años.

La aviación civil partió plaza en la hiperpolitización presidencial de industrias estratégicas. En una secuela de errores y decisiones sin sustento técnico, este gobierno canceló el mayor proyecto aeroportuario de América Latina. Después, rifó un avión del gobierno cuya propiedad no era suya. Siguió la inauguración —incompleta— de un aeropuerto internacional, construido con recursos públicos, que nada más no levanta y genera más costos al erario.

Además, nuestro país perdió una importante certificación del gobierno de Estados Unidos en materia de aviación civil y, tras dos años, no ha podido recuperarla. Finalmente, se vendió el avión presidencial —previamente rifado— a un precio muy por debajo de su costo, el aeropuerto de Santa Lucía sigue sin despegar y, por si fuera poco, se militarizó la aviación civil, incluyendo la posibilidad de operar una aerolínea del gobierno que no tiene ni pies ni cabeza.

Sin embargo, la historia no termina ahí. No satisfechos con ello, ahora también se pretende modificar el marco jurídico para adecuarse a la improvisación presidencial. Como ha sido usual en la cadena de decisiones del gobierno, la sobresimplificación de las declaraciones en las mañaneras se vuelven políticas públicas y hasta reformas a las leyes. El 1 de marzo de este año se publicó la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que, en pocas palabras, militariza el control y vigilancia del espacio aéreo.

Además, la semana pasada, se aprobaron en la Cámara de Diputados dos dictámenes. Uno de ellos, el más controversial, permitió la creación de una empresa paraestatal de aviación —como ya lo ha anunciado el Presidente en sus mañaneras—, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, le dotaría a esta misma empresa la posibilidad de operar aeropuertos, violando así disposiciones de competencia económica de acceso a insumos esenciales e, incluso, los tratados de libre comercio firmados por nuestro país, como el capítulo 22 del T-MEC.

En la iniciativa original de ese dictamen incluso se preveía la posibilidad de que empresas extranjeras operaran vuelos internos nacionales —el llamado cabotaje—, algo que, a todas luces, hubiese destruido la industria nacional y cuya práctica no la permite ninguno de nuestros socios. Esta disposición finalmente fue eliminada por presión de las empresas de aviación civil y sus sindicatos. Sin embargo, el estilo presidencial de improvisación sin estudios técnicos quedó visible y la amenaza podría retomarse con una declaración en la mañanera.

Lo cierto es que el daño está hecho. Las malas decisiones del gobierno tendrán repercusiones de varios lustros. Algunas de ellas no serán visibles sino hasta que las aguas turbulentas de la politización se asienten.

Lo que nos quedará mientras serán derroche, militarización y parches legales sin sustento.