El desastre del costo

En 1985, el gobierno confiaba en su infalibilidad. Dominaba el poder político, la economía y la narrativa oficial en los medios de comunicación. Todas las decisiones pasaban por un hombre; el sistema estaba diseñado para cumplir los caprichos del Presidente de la República. Sin embargo, esa burbuja de inmortalidad se reventó con un evento imprevisto. En la mañana del 19 de septiembre, un sismo de 8.1 grados destruyó la Ciudad de México. El costo económico para el país fue más del casi 12 mil millones de dólares, actualizados al 2023.

Ante el monopolio del poder político en manos de un solo hombre, el sistema mostró sus grietas. No supo reaccionar ante una emergencia que causó un gran dolor social en el centro económico del país.

La falta del gobierno movilizó a la sociedad civil. El gobierno fue lento e ineficiente, mientras que organizaciones de colonos formaron parte de las bases de movilización social de lo que eventualmente sería el PRD y, ahora, Morena.

Esa misma cultura de atención a la emergencia desde la sociedad civil se ha hecho ver en diferentes emergencias y fenómenos naturales. El gobierno obtuvo memoria institucional de esa emergencia y, ante nuevos fenómenos, supo reaccionar rápida y eficientemente. En 1996, Ernesto Zedillo creó el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender estas emergencias sin tener que recurrir a la politización del presupuesto. Además, la sociedad civil ahora se moviliza automáticamente.

Por más de 30 años, el Fonden funcionó bien (con algunos problemas) y presidentes de distintos partidos supieron reaccionar con liderazgo ante las emergencias. Algunos ejemplos saltan a la vista: el huracán Paulina en 1997 en el mandato de Zedillo, el huracán Wilma en 2005 con Vicente Fox y, los huracanes Manuel e Ingrid en 2013 el gobierno de Felipe Calderón. A su vez, Enrique Peña Nieto enfrentó el huracán Patricia en 2015 y el terremoto del 2017 en la CDMX.

Sin embargo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador todo cambió. El gobierno volvió a la centralización estatista que tanto hizo daño en el pasado. Para la narrativa oficial, todo lo hecho en el pasado, incluyendo el Fonden, fue corrupto. Sólo un líder centralista podría salvarnos de calamidades, naturales o políticas; la sociedad civil es oposición enmascarada.

El resultado está a la vista. El huracán Otis ha sido, a todas luces, el peor desastre natural con el gobierno menos preparado. Es un fenómeno de ineptitud administrativa como pocas veces vista en los últimos 40 años. Desde las alertas, pasando por el evento, hasta la reacción y gestión de crisis del gobierno han sido pésimas, tardías y dañinas. Los efectos económicos y sociales serán de largo plazo para el estado de Guerrero.

Todo ello es resultado de una visión de un líder que se cree infalible e inmortal. Alguien que no escucha más que a sus propios caprichos y complejos. El líder es todo; sin el líder no hay nada. Y así, con ese monopolio de la incompetencia autocrática, el Presidente decide absurdos como viajar hacia Acapulco en una carretera destruida al día siguiente del desastre (con 10 horas perdidas), los secretarios federales y la gobernadora del estado actúan como gallinas sin cabeza y, al final, el desastre perdurará en la economía y vidas de miles de mexicanos.

El costo será catastrófico.