Estado regulador o ¿de López Obrador?

Los embates no han parado. La transición de un Estado propietario a un Estado regulador se pone en riesgo. La institucionalidad de los entes de gobierno está en duda por el máximo representante político del país. Ándres Manuel López Obrador intenta doblegar a todo aquel que no lo haga por voluntad propia.

En México, la tendencia de crear agencias reguladoras se empezó a consolidar a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y la firma del TLC como parte de la transición a un Estado donde se mejoraban las reglas del juego. Ya no era papá gobierno el que decidía, exclusivamente, a través del capricho. Como elemento de negociación del TLC, EU y Canadá solicitaron a sus contrapartes mexicanas la creación de agencias de competencia económica (la antigua Cofeco), telecomunicaciones (la extinta Cofetel), finanzas (CNBV) y otras en materias especializadas. Así, se le quitaba al Congreso y a los políticos la facultad de regular industrias que hasta ese momento se regían por los deseos del señor Presidente en turno y las concesiones que el Estado otorgaba discrecionalmente a los empresarios alineados.

Es así como llegamos a agencias reguladoras en México como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ente otras.

Esta semana, uno de esos órganos reguladores autónomos, la CRE, se ha visto envuelto en una polémica derivada de las declaraciones de AMLO. Para él, las agencias reguladoras son resultado de gobiernos del pasado y, en el sector energético, han facilitado la corrupción en la CFE y Pemex. Todo lo que AMLO no controla en forma directa es antítesis de su cruzada anticorrupción.

El tema tiene muchas aristas. Como cualquier institución integrada por seres humanos hay fallas que son perfectibles. Sin embargo, desestimar instituciones diseñadas por legisladores de todos los partidos y como evolución de décadas es grave; esto incluso da pie a abrir viejas heridas de empresarios monopolistas perjudicados.

Por un lado está la declaración mañanera y por otra la realidad. Si bien López Obrador descarta que se vaya a promover una reforma constitucional para eliminar a los órganos autónomos y reguladores, a la par estos entes se enfrentan a embates desde el poder político: recortes de presupuesto, dudas sobre su competencia e institucionalidad, investigaciones infundadas y críticas a sus integrantes (como García Alcocer en la CRE). Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo un recorte de 950 millones de pesos para este año, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sufrieron recortes de 161 millones, 280 millones y 37 millones de pesos para 2019.

Todo ello habla de lo que los críticos de AMLO preveían: está demostrando ser un hombre no de instituciones sino de caprichos. Cuando los órganos autónomos no se le oponen son bienvenidos (como el INE en su elección como Presidente). De lo contrario son descalificados.

Para las instituciones, tres meses de gobierno se sienten como tres años.