La centralización del poder y Tesla

En los últimos cinco años, las democracias y economías en América Latina han sufrido un retroceso en manos de líderes mesiánicos. Usando la excusa de representar a la “voz auténtica” del pueblo, en países tan diversos como Bolivia, Brasil, Venezuela y Perú, sus presidentes han violado las reglas electorales y, sin mayores escrúpulos, quieren centralizar el poder inconstitucionalmente.

A lo anterior, hay que sumarle los efectos devastadores de la pandemia de covid-19. Los resultados son visibles en la región: estancamiento económico.

En 2017, después de una derrota electoral donde fue elegido un Congreso de mayoría opositora, Nicolás Maduro decidió crear un organismo inconstitucional llamado Asamblea Constituyente, el cual le quitó facultades al Congreso legalmente constituido.

Además del deterioro político, también vino el económico, pues ante la centralización del poder, las inversiones aceleraron su huida. Sumado a ello, los venezolanos sufren hiperinflación.

En 2019, en Nicaragua, después de diversas protestas callejeras en contra del gobierno, Daniel Ortega manipuló el sistema electoral y al Consejo Supremo Electoral para descalificar a los candidatos de oposición en las elecciones municipales.

En 2022, ese mismo gobierno participó en la mayor ola de represión y fraude electoral, descalificando y encarcelando a los principales candidatos de oposición a la Presidencia bajo el argumento de que eran “traidores”.

Mientras que en el pasado el producto interno bruto de Nicaragua crecía a doble dígito, con la pandemia de coronavirus y el desorden político, la economía cayó durante tres años consecutivos. Aquí, algunos inversionistas han huido por la falta de certeza y garantías.

Ese mismo año, en Bolivia, después de un referéndum en donde se buscó modificar la Constitución para poder reelegirse indefinidamente, Evo Morales manipuló las elecciones y también a su órgano electoral para hacerlo —en contra de la Constitución—, lo que detonó una crisis y su renuncia.

Al inicio del gobierno, aunque la economía marchaba bien, en el ámbito político hubo un desgaste de las instituciones democráticas. Pero las crisis política y sanitaria también impactaron a la economía.

En lo que va de este 2023, la economía de Bolivia está descontrolada, a un paso de la crisis.

En 2022, el presidente de Perú, Pedro Castillo, participó en un autogolpe de Estado –a todas luces inconstitucional y además fallido–; para favorecer a su gobierno, ordenó la disolución del aparato constitucional de separación de poderes. El resultado fue su remoción y enjuiciamiento.

Hoy, la economía de Perú está en picada.

Estos son casos en donde las instituciones políticas y electorales, con la debilidad que las caracteriza, no pudieron más que doblarse ante los deseos del presidente, con resultados diversos, pero con un camino autoritario común.

La centralización del poder y el rompimiento del orden constitucional trae efectos económicos. Esa ola de autoritarismo la describe Anne Applebaum (El ocaso de la democracia) como la erosión de los valores y normas democráticas.

Ese mismo manual podría causar una crisis política en nuestro país. La centralización política podría tener graves consecuencias para nuestra economía. Un ejemplo: la inversión de Tesla por 10 mil millones de dólares en Nuevo León nunca debió haber dependido de una decisión política.

Al final, el poder concentrado tiene costos.