Los costos reales de Texcoco

Dijeron que no iba a ser costoso. Dijeron que la solución que se proponía para sustituir aquella de los “gobiernos neoliberales” iba a ser mucho mejor, más barata y con menos corrupción. Que la cancelación del proyecto original estaba justificada porque el pueblo así lo quiso y lo manifestó mediante una consulta.

La realidad, hasta ahora, ha sido totalmente distinta a la narrativa oficial. La cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco ha demostrado haber sido un fracaso financiero. A la fecha, esa cancelación sigue provocando contradicciones y costos adicionales a los previstos en el discurso político.

Llama la atención, particularmente, los costos financieros acumulados. En 2018, antes de la “consulta al pueblo” para cancelar el proyecto de Texcoco, las principales cámaras industriales y analistas advertíamos que los costos de cancelar este proyecto iban a ser mucho mayores que los beneficios.

Advertimos que, en términos prácticos, cancelar este proyecto era el equivalente a que una persona obtuviera del banco una hipoteca para construir una casa nueva y unos meses después arrepentirse, cancelar su construcción y empezar otra casa en otro lugar, ahora pagándola de su bolsa —no con un crédito del banco—. La casa original quedaría ahí a medias, abandonada, sin ningún valor y la persona se endeudaría de doble manera, con el banco y con su propio bolsillo. Simplemente no tenía sentido.

En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó su reporte de  los resultados de la Cuenta Pública correspondiente a 2019, donde calculó los costos de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El monto publicado ascendía a 331 mil 996 millones de pesos. El reporte causó tal reacción del gobierno y sus “periodistas” que la Auditoría Superior de la Federación, sospechosamente, se retractó de la cifra al día siguiente.

El alegato principal del gobierno es que en el monto reportado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación venían los costos de los bonos en circulación (la deuda para financiar la construcción del nuevo aeropuerto) garantizados con las tarifas de uso aeroportuario del aeropuerto Benito Juárez (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM), por lo que el monto reportado originalmente por la Auditoría era mucho mayor que el real.

El ajuste, por ello, fue a la baja: la Auditoría Superior dijo entonces que la cifra era de 113 mil millones de pesos, lo que eliminaba el pago de los bonos pendientes y se eliminaba así un costo futuro del cálculo.

Pues bien, hace unos días nos enteramos a través de la conferencia mañanera que el gobierno federal pretende pasar la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante del país, a la Marina.

Los altos mandos de la Marina, responsables de este aeropuerto, declararon que la deuda pendiente de los bonos se va a pagar y el gobierno estaba viendo cómo hacerlo este año. En otras palabras, el gobierno pretende pagar por adelantado la deuda en bonos de un aeropuerto que no se construyó. Además, con ello, confirmaría que el cálculo inicial de la Auditoría Superior era muy aproximado a la realidad.

El gobierno, no sólo canceló la construcción de la casa, sino que además pagará por adelantado toda la hipoteca al banco, además de que construyó, de su bolsa, otra casa que no se usa.

El costo va a ser casi el mismo que los recursos financieros que recibirán en su conjunto en 2023 el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz por parte de la Federación.