Observar a los amigos

Los gobiernos de muchos países lo hacen; de primer mundo y en vías de desarrollo. Su práctica, aunque está generalmente en un área legal gris y secreta, puede ayudar a detener delincuentes, resolver o prevenir temas de seguridad nacional y dar inteligencia a ese ente al que Max Weber decía debe tener el “monopolio de la violencia” y preservar así su integridad: el Estado.

Sin embargo, esas mismas actividades pueden ser usadas para fines más perversos y hasta políticos. Gobiernos autoritarios de todo el mundo lo utilizan para reprimir a todo aquel que signifique una amenaza para mantener el poder de tiranos, dictadores, déspotas y populistas sin límites.

El espionaje es una práctica tan antigua como la guerra misma y las luchas por el poder. Durante el siglo XX y la Guerra Fría, el espionaje del Estado se volvió mucho más elaborado y empezó a utilizar tecnología nunca antes vista. Como una película de James Bond, los gobiernos de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética fueron acumulando herramientas que se usaron lo mismo contra personas que organizaciones y países. Después de la Caída del Muro de Berlín y los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, la tecnología de espionaje ha avanzado a pasos agigantados.

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Ahora tenemos toda nuestra información personal en un solo dispositivo que llevamos con nosotros a todas partes y registra todos nuestros movimientos. Los celulares son el sueño de cualquier gobierno para observar, legal o ilegalmente, a sus ciudadanos. Es una herramienta tan poderosa que las agencias de inteligencia de países como Estados Unidos, Israel y otros prohíben a sus altos mandos militares y políticos usar celulares comunes.

En un reciente estudio publicado por la Universidad de Harvard, se habla de cómo países como Arabia Saudita, Irán y Rusia no sólo espían, sino que también tienen fuertes filtros en el acceso al internet. Ahí se persigue a activistas, opositores del gobierno y diversos otros. Sus teléfonos son una excelente fuente de inteligencia.

Por ello, no sorprenden las notas esta semana en medios internacionales y en México sobre el uso de Pegasus, un software de vigilancia de celulares, por parte de varios gobiernos del mundo —entre ellos el propio México­—.

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En nuestro país es ya una práctica común usar este tipo de herramientas sin filtros por gobiernos, empresas y personas; numerosas filtraciones de grabaciones telefónicas y periodicazos lo demuestran a lo largo de muchos años.

Un episodio que pareciera inocente, pero que habla mucho de esta cultura, es que hace unos años, cuando serví como diputado federal, hablando con una diputada del partido afín al gobierno me preguntó inocentemente si a los diputados de oposición “el Cisen —la entonces agencia de inteligencia del gobierno mexicano— también nos entrevistaba y pedía nuestros números celulares”.

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Mayor información es mayor poder. Pareciera que las leyes que regulan estas actividades sirven sólo de pisapapeles en un escritorio de un burócrata de cuarto nivel. No sorprendería que sigan saliendo notas donde se hable no sólo del espionaje a las familias del Presidente y otros, sino de todos aquellos que seguramente han sido espiados con fines ilegales y no, como debería de ser, para fines de seguridad nacional o combate a la delincuencia.