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CIUDAD DE MÉXICO.- Las tarifas de energía eléctrica en México son hasta 25 por ciento más caras para los usuarios finales en comparación a lo que se paga en Estados Unidos, y en el caso específico del sector industrial los montos pueden ser hasta 69 por ciento más altos.
Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los precios tarifarios son el resultado del costo por generación, ya que 80 por ciento de este gasto es representado por el tipo de combustible que se quema en el proceso, así como por las pérdidas que hasta ahora se registran en la distribución de la energía, la cual asciende a 15 por ciento del total.
Actualmente, al menos 20 por ciento de la capacidad instalada que tiene la electrificadora nacional utiliza combustóleo para la generación de electricidad, siendo éste uno de los principales problemas que eleva el costo tarifario. Esto se presenta debido a que este hidrocarburo es cuatro veces más costoso y 68 por ciento más contaminante que los procesos a base del gas natural.
La ley y sus objetivos
Este es el argumento por el cual el gobierno federal urgió en la necesidad de aprobar la reforma energética, y dentro de las leyes secundarias creó la Ley de la Industria Eléctrica, la cual permitirá la incursión de capitales privados en el sector eléctrico nacional.
En la ley se estipula que la Nación mantendrá la propiedad de la redes de transmisión y distribución, pero al mismo tiempo se crea la normatividad para fomentar la competencia entre los nuevos generadores y suministradores, quienes podrán venderle sólo a los consumidores mayoristas, por lo que competirán en igual de condiciones con la CFE.
Como parte de estos cambios se crea el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que se encargará operar dicho mercado mayorista y a quien la Comisión Federal de Electricidad deberá entregar el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional.
Este organismo también se encargará de garantizar que la energía suministrada provenga de fuentes más económicas, como es el caso del gas natural.
“Asimismo, tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes, permitiendo la concurrencia de diversos actores del sector privado en las actividades de la industria eléctrica y de manera simultánea salvaguardando los intereses de la Nación, mediante la rectoría del Estado en todas las actividades del sector”, estipula el proyecto de ley.
De tal forma que esta Ley tiene como objetivo principal el buscar la reducción de costos en la generación y al mismo tiempo en las tarifas para los usuarios finales, no sólo a nivel doméstico sino también para el industrial y de servicios, por ello ya se permite la participación privada, pues esto implicará una mayor inversión en la infraestructura que ayudará a incrementar la producción de electricidad a menores costos.
La ley también menciona que “la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica estará a cargo de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, por lo que además deberán constituir un comité de evaluación para revisar el desempeño del Cenace y del mercado eléctrico mayorista.
Complejidad y riesgos en el sector
Sobre el tema, Miriam Grunstein, investigadora de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que La Ley de la Industria Eléctrica es muy compleja y que su funcionamiento dependerá de los instrumentos de regulación que se apliquen al sector.
Mencionó que este esquema contempla dos facetas del mercado nacional, como lo es la distribución y venta para los grandes usuarios, así como el segmento de los usuarios menores, donde se busca la liberalización de las tarifas, lo cual tiene riesgos, pues de no alcanzarse esta premisa los costos de generación se mantendrán en desproporción como hasta ahora.
Entre los retos que considera más relevantes, se encuentran las negociaciones que deberán llevar a cabo los grandes consumidores con los nuevos suministradores, ya que este es un esquema nuevo en el país, y el cual tendrán que aprender y ser cuidadosos a fin evitar problemas futuros.
Asegura que “por ejemplo, si los municipios, para su infraestructura, buscaran contratar el servicio de particulares, tendrán que tener capacitación intensiva para enseñarles a contratar, pues de los contrario podrían meterse en una crisis terrible de desabasto, no para los usuarios domésticos, sino para su propia operación”.
Reconoció que la Ley de la Industria Eléctrica tiene como objetivo principal generar beneficios tarifarios para los usuarios, que de lograrse esta meta se podrá alcanzar un mejor ritmo de crecimiento para el país.
Beneficios a usuarios calificados
Sobre la Ley, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) considera que es positiva la apertura a la competencia en la comercialización del sector de electricidad en grandes consumidores, pues ello permitirá que puedan acceder a mejores precios.
“La apertura permite a múltiples empresas hacer cosas como: prestar el suministro eléctrico a los usuarios finales, representar a generadores exentos en el mercado mayorista, adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las tarifas reguladas”, menciona.
De acuerdo a la Ley, los grandes consumidores o “usuarios calificados” serán aquellos industriales, comerciales y de servicios que consumen grandes cantidades de electricidad, quienes tendrán la oportunidad de contratar el suministro directamente en el mercado privado.
