Desechadas las ocurrencias. ¡Bien por Morena!

Mientras el opinómetro está concentrado en la ejecución del plan B o en los asesinatos de dos norteamericanos en Matamoros, las ocurrencias legislativas que ayer le comenté se volvieron un tema de negociación política intensiva. La del Moche Digital será la tercera derrota de la intentona del líder de la Sogem de obtener una subvención directa para su gastado bolsillo, pero las dos que serían dictaminadas este martes 8 de marzo fueron diferidas por la Comisión de Economía, que preside el senador Juan Moya Clemente del PAN, y la de Estudios Legislativos Segunda, que preside el senador por Morena Rafael Espino, para el 14 de marzo.

Una semana, tiempo suficiente para revisar los efectos que tendría la intención que adiciona el artículo 84 bis y reforma los artículos 85 y 380 del Código de Comercio, presentado por la senadora independiente Nancy de la Sierra Arámburo, que los contratos mercantiles que tengan pactada la prestación de un servicio o la entrega de un bien a partir de su entrega, se les pague el monto acordado con sus proveedores en un plazo no superior a los 30 días naturales.

La propuesta dice que las partes pueden convenir la ampliación del plazo, pero para ello tendrán que registrar el contrato en un portal que establecerá la Secretaría de Economía para vigilar el cumplimiento (si no tienen ni personal suficiente para cumplir plenamente con sus funciones asignadas por ley) y, en caso de que no se pague a tiempo, tendrán que pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que se adeude.

Es buenísima la propuesta, pero le habrá preguntado la senadora a Pemex, de Octavio Romero, y a CFE, de Manuel Bartlett, cómo le harán para administrar su liquidez ante una contingencia de este tipo, y lo mismo al Insabi y a la SICT por el pago de medicinas y/o derechos de paso que tardan, si bien les va, entre 6 meses y un año. Al ser una reforma al código mercantil, aplica a todos, entidades del gobierno, en tanto contratistas, como a empresas privadas de cualquier género y tipo. Una iniciativa similar duerme el sueño de los injustos en Diputados y, con ésta, se acumulan siete en el curso de cuatro periodos legislativos ordinarios. ¿Por qué no pasan?, no es el CCE ni sus organismos los únicos que cabildean, sino el sector público, cuyas prácticas de pago son las más lesivas para mejorar el flujo de caja de miles de empresas en México. El Estado es muy bueno para cobrar impuestos, pero malísimo para pagar contratos.

En cuanto a la segunda iniciativa, propuesta por la senadora Martha Guerrero Sánchez, suena popular, pero resultaría en una tragedia para quien quiere beneficiar, pues al pretender la eliminación de la “capitalización de los intereses vencidos y no pagados” e inscribirla en una reforma al 363 del Código de Comercio, no estaría sólo dirigida a los bancos, sino a todos los oferentes de crédito en México, comerciales y no bancarios, incluyendo a las Fintech, sofipos, sofomes, y cajas, y las sociedades cooperativas. La ley vigente prohíbe el anatocismo, esto es, que los intereses vencidos devenguen intereses (cobrar intereses sobre intereses vencidos), pero sí permite la capitalización para que el préstamo, que tiene un costo (interés), pueda pagarse en mensualidades acordes con la capacidad del deudor. La senadora también propuso una reforma a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito (artículos del 2091 al 301), para prohibir la capitalización de intereses pactadas en los contratos de apertura de crédito.

Puede imaginar la senadora cómo funciona el crédito a plazos, con pagos más bajos de los que por tiempo y monto tendrían que pagar considerando la referencia de tasa en México. Hay justicia en la pretensión de reducir las tasas activas y que mejore el pago a los ahorradores en tasas pasivas, pero ni en Colombia ni en España, está prohibida la capitalización de intereses, como argumenta. Lo que se prohíbe es el cobro de intereses sobre intereses vencidos. Los adeudos tienen posibilidad de reestructura cuando las personas se quedan sin empleo o las empresas enfrentan problemas, pero la condonación e intereses supone acuerdos de reestructuración y plazos de repago rígidos, lo mismo para las personas que para los países.

Le puedo decir que las dos iniciativas serán revisadas con lupa, pues México y el proyecto de la 4T no se pueden dar el lujo de propiciar un problema de liquidez sistémico o un problema de encarecimiento y escasez de crédito.