¿Y México está realmente preparado para el T-MEC?

El grado de improvisación y la insuficiencia de recursos públicos en áreas sustantivas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, provoca una fuerte incertidumbre sobre el proceso de implementación del T-MEC en México, más allá de los cambios en el paquete legislativo.

En diferentes momentos de la comparecencia de Robert Lighthizer, negociador comercial estadunidense, ante los comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, se mostró el grado de avance que tiene en la implementación de todo el “sistema de protección” de los intereses de EU construido en el marco del T-MEC, que, además, de ser público y transparente a toda la sociedad interesada de su país y hasta para los socios comerciales, permite ver que nuestro país está instalado en el discurso ideológico y con pocas herramientas de defensa.

El periodo de implementación descrito en las instrucciones publicadas por el CBP va del 1º de julio al 31 de diciembre de este año, para que todas las partes conozcan las fórmulas para el cálculo de los contenidos de origen generales, de automóviles y autopartes, de textiles y vestido, así como los procedimientos de certificación de reglas laborales, de contenidos de acero y aluminio y fórmulas para determinar aranceles u obtener arancel cero. Lo traemos a colación porque justo en las reuniones que ha sostenido la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con legisladores, se han observado esfuerzos para fortalecer el Secretariado Técnico del T-MEC, lo mismo le ocurre a la Administración General de Aduanas, pues ningún exportador ha recibido información para conocer los procedimientos puestos en marcha para equiparar los del CBP. Regresando a la comparecencia de Lighthizer y, suponiendo que como parte del paquete T-MEC se ratificará el acuerdo en materia de cooperación ambiental, México, EU y Canadá que es responsabilidad de la Semarnat, en el texto de sus 17 artículos, se obliga México a cumplir con los compromisos ambientales que ha suscrito internacionalmente, y adaptar sus leyes y reglas para ello.

Para muestra de lo que espera, tome en cuenta una parte de la comparecencia Lighthizer ante representantes, a pregunta sobre cómo actuarán para resolver el freno permanente a la siembra de producción biotecnológica en México, en la que se citó tanto el caso de los herbicidas elaborados con glifosato, cuya autorización fue revocada  por Cofepris, a finales del año pasado luego de que el titular de Semarnat dijera que por encima de los derechos de la industria está la ley ambiental y, bajo su criterio se consideraba un producto “cancerígeno”.

“En el último año y medio no han aprobado en México ningún permiso biotecnológico, y es algo que consideramos inaceptable y hemos externado nuestra queja. Por ello, cuando el T-MEC entre en vigor, iniciaremos el mecanismo de disputa para resolverlo porque mi punto de vista es que su comportamiento se origina en una filosofía política, no en pruebas científicamente sustentadas, y hasta en tanto no pierdan un caso no serán flexibles al respecto.  Y es que el problema es que todas las autorizaciones tienen un periodo de vencimiento y, si llega el término y no se renueva la certificación entonces no puede ser exportado ningún producto a México y, ocurre con productos biotecnológicos. Es un problema con pesticidas y con productos químicos, conducta que es violatoria del T-MEC, por lo que llevaremos el caso a su disputa”.

Como éste, espere el caso de energía en sus vertientes eléctrica y petrolera, y toda clase de disputas laborales.

*

DE FONDOS A FONDO

#Adrián Otero, presidente y director general de Scotiabank México, se integró a partir de ayer como vicepresidente del Grupo B de la Asociación de Bancos de México, en sustitución de Enrique Zorrilla, quien dejó también, en los términos de la sucesión anunciada hace un año en la filial canadiense, su cargo en la ABM permanece en Scotia. Zorrilla continuará siendo consejero de otras filiales del grupo en América. Latina (consejero en Latam).