Zapatero a tus zapatos

Una de las grandes ineficiencias de servicio público que ha generado el gobierno del presidente López Obrador, a partir de sus decisiones de dividir el control de la Aduana entre la Secretaría de la Defensa, que encabeza Cresencio Sandoval, la Marina, liderada por el almirante José Ojeda, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que dirige Horacio Duarte (con interés personal focalizado en sus aspiraciones políticas para gobernar el Estado de México), el Sistema de Administración Tributaria, que jefatura Raquel Buenrostro y, con menor influencia aunque la mayor responsabilidad legal e internacional, las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía y Agricultura.

El problema es que la Cámara de Senadores, cuyo grupo parlamentario encabeza el senador Ricardo Monreal y, mucho menos, el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, no le han prestado atención al galimatías que han construido al aprobar sin razonamiento y visión de Estado todas las leyes que les ha mandado el Ejecutivo, para dar atribuciones y presupuesto a cada una de las entidades descritas y, por lo pronto, ninguna es capaz de responder por la eficiencia en el trámite aduanero integral del país.

Vea el último grito de urgencia presupuestal del presidente López de la semana pasada. En busca de recursos, no observa que, si en lugar de barrer los fideicomisos productivos los usara para lo que fueron destinados, estimulara eficiencia y, por ende, mejor captación de recursos fiscales para la Hacienda Pública.

Pongo un caso. La ANAM carece de sistemas informáticos y de inspección tecnológica de punta porque el SAT no le pasa la administración del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica), al que, por cierto, han dividido en 1, 2 y 3.

El Presidente, en una mañanera sí y en otra también, les asigna los recursos de Fidemica a Sedena y a la Marina, quienes también están haciendo agua por la carga de chambas que les asignan por orden verbal, sin que lleven etiquetado presupuestal e instrucción para ver qué autoridad se sujeta a cuál.

¡Qué bien que el AIFA tenga una aduana nueva de primera!, lástima que la ANAM no tenga sistemas de vanguardia. Quien ha usado y sigue usando los recursos del Fidemica es el SAT, y no la ANAM, para lograr que sus sistemas estén a la par.

Si el SAT le devolviera sus sistemas a la ANAM y realizara una adecuada separación de fondos, el pago que se realiza de 240 pesos por cada pedimiento aduanal (aportación del sector privado, no impuesto ni derecho decretado para tener el recurso que automatizara las aduanas), contaría con los 2,160 millones de pesos que por año ingresan a ese Fondo por las cerca de 9 millones de operaciones que incluyen pedimento aduanal, sería utilizado para lo que los aportantes convinieron.

Hay otro en el que se pagan 220 pesos por cada uno de los 40 mil tráileres (importación temporal remolques y contenedores) que aproximadamente transitan las fronteras con mercancía de comercio exterior, que son poco más de 8.8 millones de pesos.

Toda el área del sistema del SAT vive del fideicomiso y, si Buenrostro lo suelta, no tendría recurso para pagar a su gente de sistemas, pero ahora resulta que el Presidente quiere ese fideicomiso y las aduanas agonizan en el pleito de burocracias. El gobierno no pone en el centro el objetivo de que la aduana sea eficiente y moderna y el SAT lo gasta, mientras la ANAM agoniza y su director aspira a ser gobernador del Estado de México, ¡ésa es la pura realidad!

• DE FONDOS A FONDO

#EnergíaMéxico... Difícil cuestionar al Departamento de Estado de Antony Blinken: “recientes cambios en la política regulatoria en energía, agricultura y sistema de afores, han creado dudas serias sobre la mejora en el clima de inversión en México”, concluye el informe de Clima de Inversión enviado al Congreso el viernes pasado. Y recuerda: “Bajo el T-MEC, los arbitrajes solicitados por empresas tendrán que transitar primero por el sistema judicial local, pero si sus contratos o permisos fueron extendidos antes de la entrada en vigor del T-MEC, tienen hasta el 1 de julio de 2023 para interponer la demanda directa, pues así se determinó en el T-MEC”.