Semar asegura muelles turísticos en Los Cabos

Guardadas las diferencias, la semana pasada el almirante Andrés Navarro, jefe de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Cabo San Lucas, le aplicó la “táctica ecuatoriana” y sin decir “agua va” llegó con cadenas y candados y cerró el acceso a los principales muelles de la marina de ese importante destino.

Además de los dueños de los yates, el principal afectado por esa acción fue IGY Marina, que durante muchos años fue el “rey de la pradera” en la marina turística más importante de México.

La decisión de asegurar los muelles operados por esa compañía estadunidense se gestó hace dos años, cuando se venció su concesión.

Como en ese periodo se estaba dando el cambio de la Administración Portuaria Integral (API), que llevaba el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al modelo de las Asiponas, la Secretaría de Marina (Semar) amplió dos años la concesión.

No sólo IGY, sino a otras seis empresas y organizaciones que tienen concesiones, como los pescadores, las cooperativas de las pangas, la Marina del Rey, Fundadores y otras de menor tamaño.

Por mucho, IGY es la más importante y recientemente fue vendida a Marine Max.

La intervención contra IGY fue producto de que el 8 de abril se venció la ampliación del contrato por dos años y la empresa estadunidense trató de seguir operando mediante una estrategia legal agresiva.

Pero al gobierno de la 4T no le importan las “sutilezas”, como el respeto a los procesos legales, así es que les pusieron unas cadenas a los muelles y le quitaron a IGY la posibilidad de seguir operando.

Ya hubo llamadas de la embajada de Estados Unidos en México, que lleva Ken Salazar, preguntándole a Semar por este hecho que afecta a una empresa de ese país.

Más allá de las consecuencias, el resto de los concesionarios ya “echaron sus barbas a remojar”, así es que ahora se habla de tres escenarios.

Primero, que la Semar abra una licitación pública para ofrecer ésta y otras concesiones al mejor postor, por lo que se ven en el horizonte varios tiradores, dado que es un negocio importante y muy rentable.

La principal queja de Fonatur y Semar en los últimos años había sido en el sentido de que IGY pagaba cacahuates por un negocio que le dejaba muchos millones de dólares.

Así es que una subasta por la concesión en condiciones diferentes no parece tan descabellada; pero también puede ser que la Asipona opere directamente la marina (segundo escenario), lo que sería retador si es que pretende dar un servicio de clase mundial, pues allí llegan algunos de los yates más grandes y costosos del mundo.

El tercer escenario es que IGY negocie con todas las de perder y se mantenga, pero ganando mucho menos.

Las relaciones no podrían estar más tensas entre IGY y Semar, incluso corre la historia de que la empresa estadunidense le quiso vender sus muelles a precio de oro a Semar, que le habría dicho: “levanten su infraestructura y llévensela”.

Esto ocurre en un momento en que está aumentando la competencia para Los Cabos y cuando se están frenado las ventas inmobiliarias a extranjeros.

El desenlace será interesante y ocurre, además, la misma semana en que el gobierno de Baja California Sur ha endurecido sus tareas de supervisión a las transportadoras privadas, lo que también está generando molestias a los turistas por el tema de movilidad.