Aprobación de reforma eléctrica sería un retroceso de 60 años

La aprobación de la reforma eléctrica sería un fuerte retroceso de 60 años, pues incrementaría el costo de la electricidad, sería costoso para las finanzas y frenaría la transición a energías limpias, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) que dirige Carlos Hurtado López.

Recordó que la inversión masiva y la creación del mercado eléctrico de la ley actual han permitido bajar en alrededor de 50% los costos totales del sistema y los precios de mercado son menores que las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, la aprobación de la reforma constitucional sería un fuerte retroceso hacia una situación parecida a la de los años 1960. “Incrementaría el costo de la electricidad, abriría un boquete en las finanzas públicas, cancelaría la transición hacia energías limpias y violaría los preceptos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Que sería un golpe a la confianza en el país”.

El organismo de análisis recordó que la reforma constitucional presentada por el ejecutivo se basa en la presunción de que hay elementos que generan pérdidas para la CFE y ganancias para los participantes privados, ambas injustificadas.

Sin embargo, considera que al andamiaje regulatorio que contienen al ley actual tiene precisamente la función de eliminar distorsiones de ese tipo, pues la industria eléctrica requiere de una regulación de redes adecuada y flexible, no de una estilización. Y la reforma en consideración hoy día elimina los organismos regulatorios independientes.

Abundó que es necesario considerar que la CFE no ha logrado invertir lo necesario para mantener las redes de transmisión y distribución eléctricas, a pesar de que es su principal tarea bajo el sistema actual.

Además, sus tareas actuales que no han podido atender adecuadamente a juzgar por las cifras realizadas de inversión, si se aprueba la reforma, la CFE enfrentaría dificultades para encontrar suficientes recursos para el mantenimiento y ampliación que requieren las redes de transmisión y distribución, que es inherentemente una responsabilidad del Estado.

Ante ello, el CEESP alertó que es altamente probable que las fallas del servicio asociadas con la saturación de las redes, como apagones, interrupciones e irregularidades en la tensión, dañen severamente al crecimiento económico, al desempleo y al bienestar social.

Por: Lindsay H. Esquivel

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Jbf