¿Fin a facturas falsas? Empresarios buscarán el amparo a ley fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector empresarial mexicano recurrirá al amparo directo, una vez que entre en vigor la ley que tipifica como delincuencia organizada la emisión de facturas falsas, al considerar que es inconstitucional.

Cuestionamos esta iniciativa desde la perspectiva constitucional, promoviendo el juicio de amparo; no compartimos que la defraudación fiscal y/o la defraudación fiscal equiparada sea considerada delitos que atentan contra la seguridad nacional”, comentó Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Luis Curiel, presidente de la comisión fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, explicó que los medios de defensa se podrán interponer una vez que la reforma sea publicada el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

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Explicó que los amparos pueden promoverse para que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y es que Esquer expuso que con la nueva ley pagarán justos por pecadores, además de que la aprobación de la reforma contra las llamadas empresas factureras genera incertidumbre jurídica a los empresarios que cumplen con sus contribuciones.

Coloca a quienes pagan impuestos en una situación de incertidumbre jurídica. No es justificable que con la idea de sancionar una práctica que delincuentes realizan, se deje en un estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos”, dijo.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que el gremio está en contra de que subsistan las empresas factureras y las fantasmas que dañan al fisco, por lo que están a favor de que el gobierno aumente su recaudación, pero “en los términos en que salió dictaminada la legislación mantiene elementos de incertidumbre y preocupación para los empresarios”.

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Son acciones que paralizan la inversión, que no generan el entorno favorable para que haya un crecimiento”, comentó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos.

El Consejo Coordinador Empresarial lamentó que, para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.

“ATOLE CON EL DEDO”

Los representantes empresarios lamentaron que no fueron escuchadas sus propuestas en las consultas y el Parlamento Abierto que sostuvieron con los legisladores para modificar las disposiciones contendidas en la reforma que tipifica como delito de seguridad nacional la evasión y elusión fiscal, lo que equipara a las faltas fiscales como delincuencia organizada.

Nos dieron lo que ahora será la bebida favorita de los mexicanos, atole con el dedo”, acusó Reginaldo Esquer Félix.

El riesgo a los oídos sordos en el Parlamento Abierto es que deje de haber participación y eso sería lamentable, aplaudimos esta forma de consulta y participamos con propuestas completas, es lamentable que no sean consideradas”, expresó López Campos.

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LAS PREOCUPACIONES:

Equipara el uso de facturas falsas o la operación de empresas fantasma como una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada.

Ser considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechándose de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Ser considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes consignen en las declaraciones fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.

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Ser considerados miembros de la delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a 7 millones 804 mil 230 pesos.

De 3 a 5 años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

De 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

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Prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país.

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