La acción de la PFF ha cerrado el paso a factureras y “outsourceros”

La desactivación del grupo delictivo más peligro en materia de subcontratación y las órdenes de aprehensión en contra de los líderes de los colectivos de mayor defraudación al fisco por la vía de la facturación muestran la efectividad de las reformas al marco legal en esas materias y de la acción de la Procuraduría Fiscal de la Federación que encabeza Carlos Romero Aranda.

De hecho, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha advertido que los contribuyentes que recurren prácticas para defraudar al fisco serán perseguidos penalmente y obligados a reparar el daño económico ocasionado, con especial enfoque para combatir a los grupos más robustos de evasión fiscal, como lo demuestran los asuntos penales construidos y denunciados en los últimos años.

De esta forma, de acuerdo con Romero Aranda gracias a tales reformas, aun con el impacto de la pandemia por Covid – 19, el año pasado no solo se mantuvo la recaudación y se evitó la reducción de ingresos a las arcas gubernamentales, sino que se evitó recurrir al endeudamiento para solventar el gasto público.

Solo en el 2020 se registró una recaudación muy alta por parte de los grandes contribuyentes, pero al mismo tiempo se presentaron 42 denuncias contra los grupos factureros más importantes del país, además de 100 querellas en contra de personas que han consumido las facturas o las han recibido asimilables a salarios.

Respecto del daño que la delincuencia organizada provocaba a la nación por la defraudación vía factureras, Romero ha estimado alrededor de 500 mil millones de pesos anuales y en materia de la subcontratación abusiva se ha atacado al grupo criminal más importante que tenía alrededor de 200 mil trabajadores en su nómina.

En tal contexto, a principios de octubre del presente año y ante integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Romero Aranda dijo que la Procuraduría Fiscal de la Federación, en los que va de la presente administración han presentado 570 querellas por delitos fiscales que representan más de 20 mil millones de pesos contra el fisco y el patrimonio de los mexicanos.

En tales delitos están involucrados los factureros que emiten comprobantes fiscales falsos y outsourcers que abusaban de la subcontratación para evadir el pago de impuestos e incumplir con sus obligaciones de seguridad social entre los que se encuentran políticos corruptos y empresarios.

De esta forma, la aplicación de las reformas desde cuatro controles: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República y los jueces de control, ha permitido el inicio de procedimientos contra personas físicas y morales por defraudación fiscal por 7.8 millones de pesos o más y se ha vinculado a proceso más de 100 casos de delitos fiscales, que representan un monto de dos mil millones de pesos.

A lo anterior se suma que se detectaron 50 casos de delitos financieros en centros cambiarios sin registro y sociedades de ahorro.

La efectividad en la aplicación de las reformas mencionadas es que no están dirigidas al contribuyente que cumple y tiene algún atraso, sino a los grandes grupos criminales.

De hecho, Carlos Romero Aranda, ha considerado que la exigencia del Registro Federal de Contribuyentes a los ciudadanos mayores de 18 años de edad contribuirá a atacar la defraudación fiscal y la subcontratación ilegal, ya que significa mayor seguridad en los datos de los contribuyentes una vez que no podrán ser utilizado por prestanombres.

Por José de Jesús Guadarrama H.