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Grupo México Transportes dio a conocer que, en relación con la toma de instalaciones de Ferrosur, ejecutada el pasado viernes 19 de mayo por personal de la Secretaría de Marina y sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, la empresa continúa en negociaciones con autoridades del gobierno federal en busca de una solución apegada a derecho y con viabilidad para ambas partes.
Reconoció que, sin embargo, “actualmente la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”.
Advirtió que, “de no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado”.
Informó que, como antecedente, a principios del año 2022 se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Indicó que, tras la firma de tal acuerdo, Grupo México Transportes inició de inmediato las obras de construcción de esa segunda vía y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos. El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año. Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el gobierno meses después.
EN CURSO
Destacó que, pese a lo anterior, las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del gobierno, sin que Grupo México Transportes falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados.
Indicó que a lo largo de este proceso se ha expuesto, entre otros aspectos, que la empresa ferroviaria del Estado ya tenía derecho de paso sobre el tramo en cuestión. Sin embargo, la insistencia del gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía y de los patios, así como que garantice en todo momento las condiciones indispensables de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sustancias químicas peligrosas.
No mencionaron acudir a tribunales En el comunicado de Grupo México, llamó la atención que la empresa no hizo mención alguna de acudir a tribunales para ejercer sus derechos en esta situación.
Con la toma de las instalaciones ferroviarias de Ferrosur, de Grupo México Transportes, por las fuerzas armadas y la declaratoria de utilidad pública de tres tramos del ramal de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, se busca reservar para el gobierno, sin la participación del sector empresarial, la operación de ferrocarriles en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dijo Carlos Barreda Westphal, representante en México de Stella-Jones Corp.
En entrevista, destacó que “no descartaría que el verdadero propósito sea el de concentrar la operación integral del Puerto de Coatzacoalcos y su conectividad con las líneas ferroviarias de la zona. Que el Ferrocarril del Istmo funcione como una línea principal operada por una sola empresa del gobierno, desde el Pacifico y hasta el Golfo de México, sin depender de procesos de conexión con alguna otra ferroviaria, en este caso Ferrosur”.
Observó que este acto de ocupación podría sentar un precedente negativo tanto para los actuales como para futuros participantes del sector al momento de decidir en qué proyectos invertir y en cuáles no.
Abundó que aun cuando los efectos del decreto afectan exclusivamente a Grupo México Transportes, para los demás concesionarios, sobre todo para la recién fusionada Canadian Pacific Kansas City (CPKC), pudiera representar un factor de riesgo al considerar sus inversiones y participar en los nuevos proyectos ferroviarios, como es el caso de una línea de pasajeros que conecte a la Ciudad de México con Querétaro, misma que se ha previsto como petición de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Respecto de si se trata de una expropiación y el uso del término temporal, comentó que, desde una perspectiva jurídica, el objetivo del decreto se asemeja más a la de una revocación parcial de la concesión otorgada a Ferrosur, pues se refiere sólo a 3 tramos (Z, AZ y FA) que equivalen a poco menos del 10 % del total de los kilómetros de vía operados por la empresa. Sin embargo, destacó que, “al utilizar la figura de la expropiación, deja fuera del alcance de Grupo México Transportes diversos recursos administrativos que pudieran interponerse en contra de este acto de gobierno”.
Lo anterior dijo “si tomamos en cuenta la reciente modificación al artículo 10 la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, esta nueva asignación que seguramente se otorgará a la Secretaría de Marina pudiera modificarse por tiempo indefinido, toda vez que ha sido catalogada como una actividad de seguridad nacional”.
Detalló que la Ley de Expropiación faculta a la autoridad administrativa, para proceder a la ocupación inmediata. “No obstante, queda a salvo la posibilidad para el afectado de impugnar el decreto únicamente a través del juicio de amparo”, observó.
Por José de Jesús Guadarrama
