Deficiencias de la iniciativa de Monreal para regular las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para regular las redes sociales que ha provocado preocupación entre los especialistas porque en algunos puntos es confusa y en otros representa un riesgo para la libertad de expresión.

"Las plataformas digitales en los últimos tiempos han cobrado relieve y demasiada importancia, se han convertido no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación. Por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que debe ser regulado por órganos del Estado y establecidos sus límites en la Constitución y en la ley de los países", fue la explicación que dio al presentar la iniciativa que consta de 53 páginas.

Excélsior consultó a Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y TikTok sobre este tema, pero las empresas indicaron que, de momento, no opinarán sobre la iniciativa.

Sin embargo, varias de ellas pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que encontró varios puntos cuestionables en la propuesta

Por ejemplo, la definición de "servicio de redes sociales utilizada en el documento debe precisarse porque la forma en que está escrita engloba a prácticamente todos los servicios que se ofrecen en línea.

De aprobarse como está, advirtió la ALAI, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, a lo que se añadirá un desincentivo a la innovación porque se imponen barreras de entrada.

Luis García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, añadió que la iniciativa también es "confusa y arbitraria" en su definición de "redes sociales relevantes", es decir, aquellas con más de un millón de usuarios.

"¿Por qué un millón? ¿Un millón de usuarios en México o en general? El umbral es muy bajo y afectará a muchos más sitios de los que el autor cree que afecta", consideró al analizar la propuesta.

El directivo resaltó que la iniciativa quiere aplicar políticas para censurar contenidos bajo conceptos ambiguos como "eliminar la difusión de mensajes de odio", "evitar la propagación de noticias falsas" y "proteger los datos personales".

Otro punto que se solicita revisar de la propuesta es que las redes sociales relevantes sean registradas ante el IFT para que puedan ofrecer sus servicios en línea

Para la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital lo anterior es algo que "ningún país democrático exige", sin olvidar que el gobierno tenía planeado eliminar a dicho instituto y trasladar sus funciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

En este tema, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, consideró que dar a dicho instituto la tarea de registrar a las redes sociales relevantes restringe la capacidad de habilitar otros derechos fundamentales como a la educación, información, a la cultura y acceso a la información pública.

“El IFT es un habilitador, no un limitante ipso iure de derechos", detalló.

Ante esto, los expertos coinciden en que la iniciativa tendría implicaciones y riesgos significativos para la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia yendo en contra del objetivo del documento.

Incluso provocaría problemas con otros países porque, de acuerdo con ALAI, obtener una autorización en México para la operación de las denominadas redes relevantes" atenta contra lo establecido en el T-MEC.

Puntos relevantes de la iniciativa

Regulará a las redes sociales relevantes, aquellas que tienen más de un millón de usuarios.
Dichas redes sociales relevantes deberán tener permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones para operar en México.
EL IFT será el árbitro entre la empresa y el usuario si se cancela una cuenta.
Las redes sociales deberán de tener un área específica que cuente con personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución cuando un usuario quiera cancelar su cuenta o perfil.
Se podrá cancelar definitivamente una cuenta si se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público o se usó para afectar los derechos de un menor de edad.
Los usuarios a los que se les cancele definitivamente su cuenta podrán impugnar dicha decisión en un plazo no mayor a 24 horas.
Si se llega a acreditar que hubo vulneración a la libertad de expresión en redes sociales, se colocará una sanción de hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México, lo que equivale actualmente a 89 millones 620 mil pesos.

Por: Aura Hernández

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