Buenrostro busca evitar panel energético

Después de las presiones del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la reunión trilateral, el presidente López Obrador aceptó reunirse con empresas canadienses para escuchar su preocupación tanto en temas energéticos como en el caso de las mineras, por las extorsiones a las que están sujetas y que es un grave problema que no sólo aceptó López Obrador, sino que se comprometió a resolver.

Ayer la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, subió a su cuenta de Twitter que se reunió con un grupo de empresas canadienses para dar seguimiento a los “acuerdos positivos tomados en la reunión con López Obrador”.

Hay que reconocer que Buenrostro y el canciller Marcelo Ebrard intentan evitar el inicio del panel arbitral contra la política energética de México que, de realizarse, seguramente perderemos y nos haríamos acreedores a sanciones.

La duda es si “los acuerdos positivos” que, desde luego, no se han difundido evitarán el panel arbitral, porque no se trata sólo de resolver problemas concretos en autorizaciones de inversiones de parte de un puñado de empresas canadienses, sino de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó López Obrador después de que la oposición impidió que se modificara la Constitución para volver a cerrar el sector eléctrico y energético a la inversión privada, para fortalecer a Pemex y a la CFE.

Buenrostro se reunió con dirigentes de Northland Power, Canadian Solar y CDPQ, ATCO y Pattern, y acordaron una nueva reunión a fines de febrero, pero hay más de 200 amparos contra la LIE.

En su comunicado, aseguran que las modificaciones que el gobierno mexicano se comprometió a realizar tras la visita de Tom Vilsack, el secretario de Agricultura, en noviembre pasado no son suficientes e insisten en que esta política no está basada en la ciencia, y amenaza miles de inversiones del comercio agrícola bilateral afectado a productores agrícolas de Estados Unidos y ganaderos de México. Además de que es un freno a las innovaciones que se requieren para que los productores pueden enfrentar las presiones del cambio climáticos y los riesgos de la seguridad alimentaria.

Para que no quede lugar a dudas, el USTR y el USDA afirman en su comunicado que, si no se resuelve este tema, tendrán que recurrir a otras medidas para defender los derechos de los productores bajo el T-MEC.

Lo inaudito es que al cierre de esta columna no había ninguna información sobre esta reunión por parte del gobierno mexicano, como si los medios mexicanos no tuviéramos acceso a los comunicados del USTR y del Departamento de Agricultura.