Outsourcing, un error calificarlo de ilegal

Uno de los problemas en esta 4T es que en lugar de buscar corregir anomalías, que se registran en diversos sectores para combatir la corrupción, la opción son medidas drásticas.

Ante las sospechas, nunca confirmadas de corrupción en al aeropuerto de Texcoco que, por cierto, se pensaba inaugurar este año, el gobierno optó por construir otro nuevo en Santa Lucía de menor dimensión y con gran incertidumbre en materia de seguridad aeronáutica.

Ante sospechas de corrupción en algunas guarderías se cerraron todas; ante acusaciones de irregularidades en la distribución de medicamentos se diseñó un nuevo mecanismo de compras consolidadas ya no bajo la batuta del IMSS y la Secretaría de Salud, sino de la Oficialía Mayor de la SHCP, generando severos problemas de abasto; ante las dudas sobre la operación en algunos fideicomisos mejor desaparecieron todos sin un análisis de cuáles sí operaban en forma eficiente; y se pararon todas las licitaciones eléctricas y las rondas petroleras ante sospechas de corrupción.

La nueva propuesta del presidente López Obrador es una iniciativa para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral. Cierto que algunas empresas abusan y utilizan el outsourcing para evadir impuestos o subdeclarar ingresos en contra no sólo del fisco, sino, además, de los trabajadores que no reciben la totalidad de las prestaciones sociales que por ley les corresponde.

Sin embargo, hay outsourcing que sí cumple con la ley y el SAT y su desaparición podría implicar costos elevados para las empresas.

Desde luego la Coparmex se pronunció ya porque no se califique como ilegal la subcontratación laboral porque se perderían empleos formales y se afectaría la inversión y el desarrollo económico.

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RIESGOS DE DESAPARECER EL FONDEN: MOODY’S

Aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió en una serie de videos la desaparición de 109 fideicomisos, un análisis de Moody’s alerta sobre los riesgos que implica la eliminación del Fonden, no sólo para los gobiernos locales y regionales en caso de un desastre natural, sino también para las compañías eléctricas y de infraestructura de transporte que se consideran especialmente vulnerables;  y para la industria hotelera que ya de por sí se encuentra afectada por la caída de la demanda del turismo internacional por la pandemia.

El propio Herrera reconoció en su video que la desaparición del Fonden plantea retos que tendrán que ser discutidos con el Congreso para buscar el mejor instrumento para sustituirlo.

El estudio de Moody’s revela que los estados afectados por desastres naturales recibieron entre 2015 y 2019 un total de 19,338 mdp por parte del Fonden, que se destinan en su mayoría a infraestructura pública.

Los cinco estados que concentran más del 50% de las transferencias del Fonden entre 2015 y 2019 fueron Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Morelos.

Moody’s señala que a pesar del compromiso del gobierno federal a mantener disponibles los recursos para mitigar los efectos de desastres naturales, ya no a través de un fideicomisos sino directamente de la Tesorería de la Federación, el problema es que no ha definido cuáles serán las pautas o reglas para la asignación y distribución de estos recursos, lo que genera una gran incertidumbre sobre cómo y hasta qué punto el gobierno federal apoyará los estados afectados.