Senadores tampoco escucharán a empresarios

La reforma a la Ley Eléctrica fue aprobada por 304 votos a favor de Morena y sus aliados PT y PES y demostraron que el parlamento abierto fue un ejercicio inútil porque no se atendió ninguna de las alertas de especialistas y empresarios sobre los riesgos de esta reforma.

En conferencia de prensa, los dirigentes del CCE, encabezados por Carlos Salazar, volvieron a advertir sobre los riesgos de esta reforma y su costo económico, fiscal, energético y ambiental al melgar a las energías renovables y jurídicos por el alud de amparos, indemnizaciones por contratos y proyectos cancelados y litigios nacionales e internacionales.

El CCE, que desde un principio calificó a esta iniciativa de una expropiación indirecta, advirtió que se estima un sobrecosto anual de 63 mil mdp en el abastecimiento de electricidad que se tendrá que pagar o con tarifas más altas generando presiones inflacionarias o con mayores subsidios.

Insistieron que entre los efectos de la reforma está el freno a las inversiones privadas en el sector energético que van a la baja desde 2019, y las demandas internacionales por la violación de compromisos asumidos en tratados como el T-MEC y el TCUEM.

De inmediato, la iniciativa de reforma fue enviada al Senado donde se pretende aprobar en fast track porque los senadores de Morena, coordinados por Ricardo Monreal, tampoco escucharán a los dirigentes empresariales e industriales y cumplirán el costoso capricho del presidente López Obrador de revertir la reforma energética de Enrique Peña Nieto sin importar sus costos.

HACIENDA VS. ASF, SIN PRECEDENTES

Los informes anuales de la Cuenta Pública, que realiza la Auditoria Superior de la Federación, siempre causan escozor en los gobiernos y entidades públicas auditadas, pero nunca se había registrado una desacreditación pública como la que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera contra David Colmenares, titular de la ASF.

La disputa se concentra en el dato que más molestó al presidente López Obrador sobre el costo de la cancelación del NAIM, que según la ASF es de 332 mil mdp, más del 200% de lo estimado por el gobierno.

Aunque después del regaño de López Obrador, Colmenares reconoció que hubo problemas de metodología, Herrera se fue a fondo al descalificar a la ASF, asegurando que al menos el 75% del monto reportado es erróneo y que “cometieron errores básicos de contabilidad financiera”.

La SCT también descalificó a la ASF, aunque de manera más respetuosa que la SCHP, al informar que identificó al menos tres errores de la Auditoría que explican las diferencias sobre la cancelación del NAIM.

Los errores son que consideró como gasto el monto de financiamiento no utilizado y disminuido de la deuda original, así como el pago futuro de la deuda remanente por 4,200 mdd, el costo financiero futuro por el pago

de los intereses de la deuda que es superior al estimado por el GACM, y no considerar los ingresos financieros 14 mil 500 mdp por la venta del material inventariado y las “donaciones” realizadas por diversas dependencias por 10 mil mdp.

La respuesta de la ASF es que un equipo de auditoría independiente a la Dirección de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico y el Comité de Integridad Institucional examinan ya el informe de auditoría 1394-DS.