Fonatur y la demanda judicial de Bi&Di en Cancún

Entre los casos que ha reestructurado el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo director general es Héctor Gómez Barraza, uno de los más polémicos es el de la empresa Bi&Di Real Estate de México.

La historia de esta firma en Cancún comenzó hace años, cuando sus inversionistas de origen italiano adquirieron una propiedad con la idea de desarrollar un hotel.

El Fondo había ofrecido modificar el uso de suelo para concretar un desarrollo más grande al que permitía la densidad original de cuartos y después no pudo obtener los permisos respectivos.

Así es que la empresa se quedó atrapada con una propiedad que no servía para sus propósitos y que de hecho adquirió en función del compromiso de había recibido de la institución.

El caso no sólo dio origen a una demanda judicial por parte de Bi&Di por haberle vendido en 2005 los lotes en Cancún con uso de suelo distinto al acordado, sino que incluso motivó la intervención diplomática de la embajada de Italia en México.

Por esta acción, Fonatur fue condenado en primera y segunda instancia a devolver el monto pagado por los inmuebles con 6% de interés anual, lo que daba uno total de 447.9 millones de pesos al 30 de junio de 2013.

Pero además, en caso de haber continuado el juicio, Fonatur enfrentaba el riesgo de tener que pagar hasta 730 millones de pesos, en caso de ser condenado en el amparo en revisión a cubrir la reparación del daño y perjuicios, más los gastos y costos judiciales.

Hace unos días se hacía referencia en este espacio a las acciones que ha concretado el Fondo para resolver diversos adeudos, a través del pago en especie con otros terrenos que son de su propiedad.

Esta fue la salida también para el caso de Bi&Di, pues intercambiará los lotes vendidos por otros distintos con un valor de 431.6 millones de pesos.

La solución no es ideal para nada, ya que de cualquier forma la institución tendrá que asumir un quebranto, aunque de entrada consiguió un ahorro de 16 millones de pesos contra lo que establecían las sentencias referidas.

Algunos miembros del comité técnico incluso trataron de evitar que se concretara este acuerdo, pero la opción no sólo era seguir alargando el juicio, sino en un momento dado tener que asumir un pago de más de 700 millones de pesos.

Al haber resuelto éste y otros casos, la apuesta del Fondo es que dejará de dedicar tiempo a actividades diferentes a su razón de ser como promotor del desarrollo y las inversiones turísticas.

Un acuerdo que, además, sólo se podía dar con un gobierno distinto al que provocó toda esta situación.