Muy rentable prudencia

El Instituto Federal de Telecomunicaciones está demostrando que seguirá la estrategia rentable de no ceder a presiones en su esfuerzo para erigirse como el árbitro de las telecomunicaciones que el país demanda.

El organismo que comanda Gabriel Contreras ha mantenido una sólida línea que muchos confunden con cobardía; sin embargo, su posición es monolítica hasta el momento.

Primero. Todas las declaraciones públicas de los comisionados del IFT señalan que tienen un grado de avance superior a 80% en su análisis sobre la determinación de preponderancia y todas las obligaciones impuestas por la reforma constitucional que tiene como plazo máximo el 9 de marzo.

Segundo. Rechazaron abierta y públicamente el intento del secretario de Comunicaciones y Transportes de que los legisladores del PRI y PVEM modificaran la Constitución para darle más tiempo al IFT. Dejaron claro que no lo necesitaban.

Tercero. En el asunto de la retransmisión de señales han actuado de una manera correcta a pesar de las críticas sobre su autonomía al pedir al Ejecutivo que presentara una controversia constitucional.

Ellos no podían hacerlo directamente y, en una de esas, el gobierno de Enrique Peña Nieto presionó para mandar el mensaje claro de que defendería a como diera lugar las reformas estructurales que fueron aprobadas el año pasado.

No debe hacerse a un lado que acaban de nombrar a Gerardo Sánchez Henkel como responsable de la unidad jurídica del IFT. Este hombre es, sin duda, uno de los abogados más destacados del gobierno en el sector de las telecomunicaciones.

La resolución de la ministro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, le abrió la puerta para que definieran sobre la retransmisión de señales (conocidas como must offer-must carry), pero el IFT no ha convocado al pleno para resolver ese tema.

Algunos se preguntan las razones de esta decisión. En realidad se trata de una medida correcta puesto que apunta a que primero resolverán el tema de preponderancia y después casos particulares como el de la retransmisión de señales.

Hacerlo como piden las presiones llevaría a que de un asunto particular (la disputa entre Dish en contra de Televisa y Televisión Azteca) definiera la política pública, cuando debe ser justamente al contrario, es decir, primero las reglas del juego y luego su aplicación.

Confirmación

La confirmación que se dio esta semana sobre los vínculos entre MVS y Telmex dentro de Dish demuestra que la posición de Contreras y los demás comisionados es la correcta, puesto que hoy no existen elementos para determinar las reglas de preponderancia.

Las declaraciones sobre estas relaciones tienen una muy larga historia dentro de esta columna:

El 25 de mayo de 2011 publicamos sobre la presión que había hecho José Mena para despedir de la Cofetel a Fernando Gay porque el funcionario requirió a Telmex y MVS explicaciones sobre su vínculo en Dish.

En aquel momento había una gran cantidad de dudas sobre cuáles eran los alcances y características de esta asociación. Mientras que había quienes decían que sólo se trata de un convenio comercial a través del cual Telmex factura, cobra y promueve el servicio, pero que los propietarios son los dueños de MVS; otros aseguraban que se trataba de una manera de darle vuelta al título de concesión de la empresa telefónica.

La revelación del memorándum estrictamente confidencial sobre el proyecto Alpha elaborado por el despacho Forastieri confirma un vínculo que, de acuerdo con algunos especialistas, da derechos similares a Telmex al que tienen el resto de los accionistas de Dish.

Ambas empresas emitieron comunicados no sólo reconociendo estos documentos sino confirmando otro adelanto de esta columna, que la información ha sido revelada en los mercados internacionales.

Paradójicamente en un proceso judicial del año pasado negaron este vínculo. En este espacio publicamos el 26 de agosto del 2013: “En la demanda del juicio ordinario mercantil ante el juzgado décimo de distrito, expediente 107/2013, se alegaba que Telmex no puede explotar ni beneficiarse de forma alguna de la concesión de Dish para transmitir el servicio de televisión restringida y pedía a las partes demandas, Dish y Telmex, presentabar los contratos que tenían celebrados para efectuar y hacer el cobro en el recibo telefónico.

“En la contestación de la demanda la telefónica dijo que ‘no tienen celebrado con la codemandada (Dish) ningún acuerdo de colaboración y/o contrato de prestación de servicios de facturación y cobranza a través del recibo telefónico’”.

Escenarios

Ante la confirmación y con base en la actitud que ha tenido el IFT puede pronosticarse que la autoridad primero cumplirá con la obligación constitucional de establecer los parámetros de preponderancia y las reglas de dominancia, para posteriormente concentrarse en el tema de la retransmisión de señales.

Con base en este análisis es fácil suponer que determinará que Telmex es un operador preponderante y, por lo tanto, no se cumple el supuesto a través del cual Dish subió la señal de Televisa y Televisión Azteca por lo cual tendría que bajarla inmediatamente.

Otra alternativa sería una serie de reglas en las cuales se estableciera la obligación de que Telmex y MVS eligieran entre romper los convenios que, como han reconocido, tienen y que entre otras incluyen una opción de compra en la cual ya se establecen precios y condiciones.

Lo más probable es que primero el IFT tome las decisiones de política pública que le ordena la Constitución y ya con las reglas de preponderancia baje la señal de televisión abierta de Dish.

Reconfirmación

Si usted es un lector asiduo de esta columna no debe haberse sorprendido el miércoles cuando se hizo pública la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, pues desde hace más de cuatro años le hicimos ver no sólo sus prácticas indebidas sino que, además, daban pie a sospechar la comisión de delitos tal y como lo evaluó la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, él no es el único. Se debe incluir en esta lista a Manuel Borja Chico, que era director general; Ricardo Bastón, director de flota y planeación; Jorge Eduardo Gómez, auditor, y sin lugar a dudas el peor de todos que es Arturo Barahona.

Este tipo no sólo era asesor del director general de Mexicana de Aviación sino que después se promovió como representante de los trabajadores de confianza y de inversionistas que sólo dañaron más a trabajadores y acreedores.