Ley prevé que privados no pongan en riesgo seguridad energética

CIUDAD DE MÉXICO.- Además de condicionar los contratos al respeto absoluto de las leyes laborales, fiscales, ambientales y de transparencia mexicanas, el presidente Enrique Peña Nieto creó disposiciones precisas para evitar que los inversionistas nacionales o extranjeros intenten poner en riesgo la seguridad energética al negarse a distribuir o producir gasolina o gas.

“La autoridad que haya expedido el permiso podrá intervenir en la realización de la actividad o la prestación del servicio, cuando el permisionario incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el suministro de los hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos o petroquímicos relacionados con el objeto del permiso”, precisa la propuesta de Ley de Hidrocarburos que se entregó al Senado.

De esta forma, la propuesta del Presidente para reglamentar el artículo 27 constitucional, columna vertebral de la Reforma Energética, contiene 80 disposiciones que protegen al país frente a los poderosos grupos empresariales internacionales, a fin de evitar que se repita el escenario que en 1938 obligó al presidente Lázaro Cárdenas a la expropiación petrolera, cuando los empresarios petroleros se negaron a acatar las leyes laborales mexicanas y controlaron la seguridad energética del país.

La propuesta presidencial que analizará el Senado en las comisiones de Energía, que preside el priista David Penchyna, y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza el panista Raúl Gracia, precisa que cuando las autoridades encargadas de dar los contratos decida intervenir para evitar que el permisionario deje de cumplir con su compromiso, podrá utilizar al mismo personal del operador para prestar el servicio.

“La autoridad deberá notificar al permisionario la causa que motiva la intervención y señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo establecido el permisionario no la corrige, la autoridad procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que, en su caso, incurra el permisionario.

“Durante la intervención, la autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para asegurar el adecuado suministro y desarrollo de las actividades objeto del mismo. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador, o una combinación de las anteriores”, destaca.

Añade que “los interventores podrán ser del sector público, privado o social, siempre y cuando cuenten con capacidad técnica y experiencia en el manejo del control de las instalaciones intervenidas. La autoridad y los interventores tendrán derecho a cobrar los gastos en que hayan incurrido, así como los honorarios correspondientes.”