ASF: desviación de recursos a través de universidades

Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, incluyó en el Informe General de la Cuenta Pública 2015 —que abarca un total de mil 643 auditorías— un apartado con cuatro áreas de riesgo en la administración pública: gasto en infraestructura y obras públicas, que está sujeta a recurrentes observaciones en la revisión de las últimas cuentas públicas; contrataciones entre dependencias y entidades del sector público; deficiencias en normatividad y métrica del sistema de evaluación del desempeño; y anomalías en los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.

En las contrataciones entre dependencias y entidades del sector público, la ASF destaca que se detectan prácticas de desvío de recursos públicos. Portal resalta la preocupación de que un importante número de universidades públicas actúan como proveedores de dependencias públicas sin licitación pública y sin contar con los recursos humanos, materiales y técnicos para desempeñar su papel de proveedor, por lo que recurren a la subcontratación. Portal señala que, bajo este esquema, los mecanismos de subcontratación exceden el tope de 49% permitido en la ley, y se traduce en mayores costos y en simulaciones y prácticas irregulares.

Peor aún, la ASF detectó que, en muchos casos, ni siquiera hay evidencia de que las universidades hayan realizado la entrega de los bienes y servicios contratados.

La finalidad de las instituciones públicas de educación superior, dice Portal, es la docencia y la investigación, y no deberían prestarse a cometer actos de corrupción.

URGE PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS

La ASF es también muy crítica en lo que se refiere a los padrones de beneficiarios de los programas gubernamentales, porque no hay padrón único, integral y confiable, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos de la política social y se abre la posibilidad de incurrir en duplicidad u omisiones.

La ASF realizó 88 auditorías a los padrones de beneficiarios y entre sus recomendaciones destaca la creación de un sistema integral de información de padrones gubernamentales; fortalecer la regulación y supervisión para comprobar de manera más eficiente que los subsidios se otorgan conforme a las reglas de operación; actualizar los datos de los beneficiarios; una mayor coordinación entre dependencias y entidades que otorgan los subsidios.

CCE: CASA LLENA EN 40 ANIVERSARIO

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, demostró un gran poder de convocatoria en la celebración de los 40 años del Consejo Coordinador Empresarial, un organismo que, hay que recodarlo, nació en 1977 como una entidad de unidad y defensa del sector privado, en el sexenio de Luis Echeverría, en el que se registró el mayor enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno.

Ayer, por el contrario, se refrendó la luna de miel con la presencia no sólo del presidente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a defender con firmeza los intereses del sector productivo en la renegociación del TLCAN, sino de ocho secretarios de Estado.

Asistieron también los presidentes tanto del PRI, Enrique Ochoa, como del PAN, Ricardo Anaya, y sorprendió la presencia de la polémica Yeidckol Polevnsky, la única mujer que ha presidido la Canacintra, aunque no se sabe si estaba en su carácter de exdirigente empresarial o de integrante del equipo de asesores de Andrés Manuel López Obrador.

Llamó la atención que el presidium parecía soviético, porque estaba integrado por más de 50 personas, entre las cuáles sólo había una mujer: Gloria Himelda Félix, diputada del PRI y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

ACCIÓN POR MÉXICO

Juan Pablo Castañón ratificó el compromiso del sector privado de invertir 3.5 billones de pesos y presentó el plan Acción México, que es la agenda pública del sector privado y que está apoyada por todo el CCE, incluido el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

La agenda del CCE abarca cinco ambiciosos objetivos: fortalecimiento institucional, que incluye profesionalizar las fuerzas policiales, mejorar la impartición de justicia y terminar con la violencia; desarrollar una red de protección social para todos los mexicanos; un sistema fiscal que consolide la estabilidad de la economía y un mayor esfuerzo de reducción en el gasto público; un gobierno efectivo y eficiente, y el compromiso del sector privado de reinvertir utilidades y fomentar la innovación.

El problema de esta agenda es que, con excepción del compromiso de inversión, para su cumplimento se requiere el apoyo decisivo de los tres niveles de gobierno.